Cientos de soldados colombianos, panameños, chilenos y salvadoreños se encuentran en Yemen. No representan a sus gobiernos, ajenos a los conflictos de Medio Oriente, sino al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que los contrató y que desde hace años construye un ejército para luchar contra la “insurgencia” en Yemen.
Al principio, el proyecto estaba en manos de Erik D. Prince, salpicado por abusos de algunos exmilitares que su empresa Blackwater contrató durante la ocupación de Irak y de Afganistán. Estas violaciones graves de derechos humanos reabrieron un debate internacional sobre la utilización de empresas militares “privadas” en conflictos armados. En un proceso de lavado de imagen, Blackwater cambió de nombre a Xe Services y luego a Academi. Esa búsqueda de “perfil bajo” pudo conducir al abandono en Yemen para que tomaran el relevo los Emiratos Árabes que, junto a Catar y a Arabia Saudita, han adoptado estrategias militares más agresivas en la región.
La solvencia económica de estas monarquías les permite solucionar el problema de desafección de su población local al intentar crear ejércitos eficaces para luchar contra las “insurgencias” surgidas desde 2010. La predilección por estos soldados también se debe a su experiencia y sus conocimientos de guerrillas urbanas. Para los soldados latinoamericanos, una aventura yemení les permite ganar entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales, muy superiores a los 400 dólares que ganan en Colombia.
No es nueva la contratación de soldados latinoamericanos. Casi mil chilenos participaron en distintas operaciones tras la invasión de Irak en 2003, contratados también por Blackwater. Algunos de estos soldados se entrenaron con el Ejército de Chile en la época de la dictadura, según contaba Naomi Klein en La doctrina del shock. También está documentada la presencia en Irak y Afganistán de “contratistas privados” nepalíes, rusos, canadienses, filipinos, chinos, ucranianos; de Pakistán, India, Turquía, Macedonia, Bosnia, Corea del Sur, Zimbabwe, Bangladesh, Alemania, Irlanda, Japón, Myanmar, Sudáfrica y los Emiratos Árabes. Los gobiernos argumentan que las empresas militares que subcontratan cumplen funciones de seguridad, de protección, de logística, de apoyo y de limpieza, y no de combate. Sin embargo, la experiencia ha demostrado las dificultades prácticas a la hora de trazar una línea entre lo militar y otras funciones en escenarios donde se tienen que proteger constantemente, como ocurría en Irak o el de Afganistán. Estos escenarios se parecen al que ahora hay en Yemen y en otros países árabes azotados por guerras civiles con intereses extranjeros.
En este contexto, la formación de un ejército con soldados extranjeros podría confirmar los temores de un posible resurgimiento de “mercenarios” en el escenario político global, por mucho que empresas y gobiernos huyan del término por sus connotaciones. Por eso prefieren hablar de “contratistas” y de “empresas privadas”.