Migración externa

El tema migratorio en Panamá ha generado intercambios verbales de apariencia xenofóbica a raíz de la presunción de que los inmigrantes quitan a los panameños oportunidades laborales y la presunta comisión de actos ilícitos dentro del territorio nacional. Recurro a los mandatos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y a la norma que rige el movimiento migratorio en la República de Panamá, el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008.

El preámbulo de este organismo especializado en los asuntos migratorios internacionales y demás articulado enfatiza el deber de los Estados de abordar y cooperar en una actitud de armonía, de respeto a los preceptos constitucionales y derechos humanos de los Estados, en la aplicación de las políticas de control de personas que migran en calidad de refugiados o desplazados. La legislación migratoria panameña vigente establece, en su artículo 6 y demás concordantes, la ejecución de una política migratoria de respeto a la justicia, garantizando derechos, deberes y respeto a la dignidad humana, pero reservándose el derecho de admitir o no migraciones que atenten contra la seguridad laboral y el orden constitucional establecido. Siendo esta temática sujeta a regulación por normas internacionales sobre las migraciones entre Estados soberanos, hay que analizarlo a la luz de principios rectores del derecho internacional público: igualdad de trato enmarcado en la reciprocidad, la cooperación, el respeto a los derechos humanos, como derechos fundamentales y constitucionales, de forma que los Estados cumplan con los estándares internacionales exigidos. Este movimiento de personas surge por motivos políticos, desplazamiento motivado por la violencia social o estatal, alguno de ellos ilegales y/o refugiados, y deben ser tratados por los Estados a través de regulaciones que garanticen la estabilidad y seguridad de los migrantes y Estados, cumpliendo con las normas y procedimientos internacionales establecidos en los tratados internacionales para cada caso en particular. En atención a los acontecimientos sucedidos en el país en las últimas semanas sobre el tema, un grupo de diputados ha presentado el anteproyecto de ley 22 del 9 de julio de 2019, que modifica el actual Decreto Ley 3 de 2008 y adiciona otros artículos en aras de garantizar los actuales procesos migratorios, ya que los mismos adolecen -en opinión de los proponentes- de faltas y rigor en el contenido de esa norma jurídica. El anteproyecto de ley debe ser consensuado como corresponde con las partes interesadas, antes de ser introducido a debate de las comisiones pertinentes de la Asamblea de diputados, en la observación de que los que formen parte de la estructuración del anteproyecto revisen las normas internacionales en la materia, toda vez que la República de Panamá es un país signatario de la OIM, de manera que la propuesta sea congruente con esas normas y que el mismo mejore en forma y fondo el actual decreto ley. Siendo el fenómeno migratorio un tema de seguridad nacional, el gobierno central ha asumido la responsabilidad de refrendar la presentación del anteproyecto de ley para que cumpla con las reglas y normas indispensables. El autor es abogado y licenciado en relaciones internacionales

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