De acuerdo con la publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Mipymes en América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 99% de las empresas formales en Latinoamérica y generan el 61% del empleo formal. Estas cifras son tan relevantes que posicionan a las mipymes en un sitial preponderante en el parque empresarial. Sin embargo, al analizar su aporte a la economía, las mipymes participan en el producto interno bruto (PIB) regional con solo el 25%, situación que contrasta con la de los países de la Unión Europea (UE), donde s alcanzan, en promedio, el 56% del PIB.
La situación preocupante es que, no obstante el alto porcentaje de empresas mipymes y una alta generación de empleo, estas tienen una baja contribución al PIB, reflejando una baja productividad, lo cual hace necesario implementar políticas que permitan el crecimiento económico haciendo al sector más productivo e intensivo en mano de obra. Según el informe de la Cepal mencionado en el párrafo anterior, esta situación se debe a la estructura productiva heterogénea (diferencias en productividad entre sectores y empresas), y una especialización en productos de bajo valor añadido, elementos que afectan el desempeño de estas empresas, que se reflejan en las brechas de capacidades, progreso técnico, poder de negociación, gestión de redes sociales, entre otros.
El diagnóstico para América Latina incluye debilidades en las mipymes, entre ellas: continúan al margen de los mercados más dinámicos, poca capacidad de exportación, poca participación en las relaciones productivas más dinámicas con grandes empresas, y poca integración en modelos asociativos con otras empresas para generar economías de escala y bienes colectivos (tipo clústers). En cuanto a la innovación, también es un elemento que obstaculiza un mejor desempeño de las mipymes, con tecnología y procesos productivos y administrativos obsoletos. Esta situación desventajosa para la mipyme se acrecienta al considerar a las empresas informales que abren aún mas la brecha y acentúan las debilidades.
Panamá, en el año 2016, contaba con más de 50 mil mipymes registradas en el directorio de establecimientos, que representan el 95.6% del parque empresarial. Sin embargo, la cifra es más alta. Según el estudio del Programa de Inclusión Económica del Sector Informal en Panamá (PASI), que fue ejecutado por el Centro Nacional de Competitividad y auspiciado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que existen 194,714 empresas formales e informales no agrícolas, que generan más de 140 mil empleos.
En el país se han implementado acciones para fomentar al sector, buscando que eleven su productividad y sean empresas formales. La aprobación de las leyes que inciden en el sector, como: Ley N° 132, “Que crea la Microempresa de Responsabilidad Limitada y se establece incentivos para la inclusión del sector informal en la economía formalizada”. La Ley N° 130, “Que establece el marco normativo prudencial para las instituciones de microfinanzas y modifica disposiciones de la Ley 10 de 2002, que establece normas con relación al sistema de microfinanzas”, y la Ley N° 135, “Que modifica la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes”. En 2017 se aprobó la primera Política Nacional de Emprendimiento, que incluye no solo el fortalecimiento de la Ampyme como institución que fomenta las mipymes, sino que incorpora los servicios de desarrollo empresarial, la formalización de los sistemas de información, manejo de datos y estadísticas; el acceso a servicios de financiamiento; el emprendimiento y fomento a la innovación tecnológica; el acceso a mercados y la internacionalización de estas.
El sector requiere que los apoyos se concreten y se midan para evaluar su efectividad, de forma tal que puedan ser ajustados para que den mejores resultados. Las mipymes deben ser dinámicas y deben ser capacitadas para que desarrollen sus negocios con innovación y creatividad, para que puedan alcanzar nuevos mercados y tener mejor desempeño.
La autora es analista del Centro Nacional de Competitividad