En las últimas semanas se ha estado hablando sobre la posibilidad de renovar el orden constitucional. Algunos prefieren reformas a la actual Constitución y otros están a favor de convocar una asamblea constituyente paralela para elaborar una nueva Constitución. La sociedad panameña está clamando que esto se haga realidad. En ese sentido, me gustaría expresar algunas reflexiones al respecto.
Es bien sabido que la actual Constitución en su texto original fue hecha a medida de la dictadura militar por la Asamblea de los 505, con el objetivo de otorgarle poderes casi absolutos a Omar Torrijos para negociar y firmar los tratados del Canal. Desde allí ha sufrido sustanciales reformas entre 1978 y 2004, aunque todavía sigue teniendo secuelas de aquella dictadura.
Hay algunos cambios en la Constitución que me gustaría que se hicieran, uno de esos es la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A mi concepto, los magistrados deberían ser escogidos por el pleno de la Corte y añadir a los requisitos para ser magistrado que los que concursen sean especialistas con experiencia en las áreas de las salas donde deseen aspirar.
Otro cambio sería la elección de los gobernadores de las provincias. Estos deben ser escogidos por el pueblo panameño y que sus funciones estén claramente establecidas en la Constitución. La descentralización y la Caja de Seguro Social deberían ser elevadas a título constitucional.
También se necesita un tribunal constitucional (que también sea elevado a título constitucional) que tenga la potestad de investigar y juzgar a los magistrados y a todos los que ocupen cargos de elección popular.
La pérdida y adquisición de la ciudadanía es otra cosa que también debería ser cambiada. La Constitución define que el Tribunal Electoral es el que inhabilita la ciudadanía y la Asamblea Nacional es el que la rehabilita. Recomendaría que sea solamente el Tribunal Electoral el que cumpla la función de inhabilitar y rehabilitar la ciudadanía.
No se le debería permitir a la Asamblea Nacional modificar el Presupuesto General del Estado. Eso debería hacerlo el Órgano Ejecutivo. Que la Asamblea Nacional solo tenga potestad para aprobarlo, recomendar cambios al Órgano Ejecutivo o rechazarlo.
El procurador general de ña Nación y el procurador general de la Administración deberían ser nombrados solo por la Corte Suprema de Justicia.
La doble nacionalidad solo debería permitirse a las personas que hayan nacido en el extranjero de padre o madre panameños, sin que la adquisición de la doble nacionalidad sea causal de pérdida de los derechos ciudadanos que le otorga la nacionalidad panameña.
En fin, aunque es necesaria una nueva Constitución y yo estoy a favor de que se haga por medio de una constituyente, todavía no veo conveniente que se realice en este momento, debido a una sola razón: la sociedad panameña aún no sabe escoger correctamente a los gobernantes. Aprendamos primero a escoger a nuestros gobernantes, solo así estaremos preparados para escoger a los constituyentes.
El autor es ciudadano