Debido a la enconada lucha que se ha producido entre la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo, afloran anomalías referentes a las normas constitucionales y legales que a su vez fracturan los balances exigidos por los modelos previamente acordados por la ciudadanía. Aquí hay dos situaciones de extraordinaria seriedad que, a criterio mío, exigen medidas extraordinarias de transparencia –algo inusuales- previo a emitir nuestro voto presidencial.
Inicio con lo de la junta directiva de nuestro Canal, porque ha sido noticia afortunada durante estos días. Con una junta directiva en el mejor de los casos coja, les tocaba escoger al nuevo administrador y subadministrador del Canal, iniciado ya el período electoral. Al presidente le tocaba nombrar tres nuevos directores. Lo pudo haber hecho a tiempo – por ejemplo, en octubre - con criterio cónsono con el espíritu del modelo de gestión que procura evitar la politización del Canal, pero los nombró tarde y todos son altos funcionarios de su gobierno. Esto mató toda posibilidad de aprobación por parte de la ciudadanía… y de la Asamblea. En el proceso eliminó la opción de una u otra figura con la debida preparación y capacidad.
Así las cosas, temblábamos, pero luego supimos que la junta directiva presidida por Roberto Roy había contratado hacía 10 meses a una prestigiosa empresa internacional que aplicó a todo potencial candidato, dentro y fuera del país, un cernidor profesional de lo más exigente y, gracias a este proceso, salieron los nombramientos del doctor Ricaurte Vásquez, con experiencias importantes dentro y fuera del Canal, quien vuelve desde un importante puesto en una prestigiosa multinacional de afuera, y como subadministradora simplemente confirmaron a la ingeniera Ilya Espino de Marotta, quien, por consenso nacional de hecho, debía ser nombrada en este puesto y tiene plena capacidad de ejercer la administración, de ser necesario.
La ciudadanía sintió alivio y gran satisfacción, sentimiento contrario al producido por el de los tres nombrados por el presidente, sin posibilidad de ser ratificados.
Esto significa que el próximo presidente tendrá seis nombramientos de directores, más el del ministro del Canal, o sea siete, de una junta de 11 directores (control), lo cual es contrario al diseño de gestión que ha sido tan exitoso.
Por esto sería incapaz de votar por un candidato a la Presidencia que no anuncie antes de las elecciones quiénes serían sus seis nombramientos, y el del ministro del Canal. Estos nombramientos son para períodos de hasta nueve años… casi el doble del período presidencial.
La segunda y aún más importante es la Corte Suprema de Justicia. Debido a esta lucha entre Asamblea y Ejecutivo – también contrario al diseño del modelo constitucional – al próximo presidente le tocará nombrar a siete de los nueve magistrados (¡otro control!) con períodos de 10 años, también el doble del término presidencial.
Lo positivo es que podría, con nombramientos de lujo, lograr por esta vía “limpiar de una vez por todas” la porquería que es la Corte, y por esa vía el sistema judicial.
Pero si no, nos condenaría a una Corte totalmente politizada, paso previo a una dictadura. Los riesgos son fenomenales al sistema democrático de gobierno, por el que tanto luchamos y por el cual tantos dieron su vida.
Por eso sería incapaz de votar por candidato presidencial alguno de partido – o independiente – que no señale los nombres y hojas de vida de quienes serían sus siete candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Estos nombres, previos a las elecciones, son una precondición para saber cuán seguro estaría el sistema democrático bajo su presidencia.
¡Nada de cuentos y excusas (como que si no aceptan antes de la elección, etc.). Eso se ha escuchado mucho antes. En esta vuelta no va uno solo, van siete, que pueden cambiar del todo y volver a prestigiar la Corte.
¡Sin nombres para la Corte y para la junta directiva del Canal, no hay posibilidad de llegar al poder!
Y los candidatos a diputado igualmente deben comprometerse a presentar una lista de nombres que ellos ratificarían.
El autor es fundador del diario ‘La Prensa’.