La reciente presentación del primer Informe Voluntario Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) me motivó a reflexionar sobre nuestro compromiso con el ODS sobre salud. Recordemos que el Objetivo 3 establece que “para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad”, y propone 13 metas para evaluar el avance en la salud por edad y sexo; las enfermedades infecciosas, en particular el VIH; las enfermedades no transmisibles; la salud mental y el abuso de sustancias adictivas, en particular el consumo nocivo de alcohol; las lesiones y violencia; la cobertura sanitaria universal.
Nuestro informe de avance se quedó muy corto al limitarse a señalar como programas implementados: la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia, el programa de inmunizaciones, la mesa de diálogo nacional por la transformación del sistema público de salud y el censo nacional de salud preventiva.
En todo caso los dos primeros sí que son programas con varios lustros de éxitos en el país como lo demuestran las estadísticas disponibles.
Agrego que el análisis de nuestros logros y perspectivas no puede sustraerse del contexto político, social y económico de los últimos tiempos, y ese sabemos, está marcado por frecuentes denuncias de corrupción, clientelismo político, falta de transparencia, impunidad y otros males que han afectado a casi todas nuestras instituciones.
Tampoco ha sido suficiente el crecimiento económico que pregonan el gobierno y sus aliados, pues es reconocido internacionalmente, y sufrido nacionalmente, que somos uno de los países con mayor desigualdad en el planeta, lo cual contribuye a que el desarrollo y el bienestar no se distribuyan en forma equitativa en nuestro suelo patrio.
Y “Para alcanzar las metas de Salud es fundamental abordar el problema de la desigualdad”.
Aún en ese contexto político negativo, hemos obtenido progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna.
También mejoramos el acceso al agua limpia y el saneamiento, aunque la basura sigue siendo un grave problema; reducimos los casos de malaria, tuberculosis y la propagación del VIH/SIDA.
No obstante, debemos redoblar el esfuerzo para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos por igual, pues no es lo mismo nacer y vivir en las comarcas indígenas o las provincias más pobres que en la ciudad de Panamá.
Especial llamamiento merecen los embarazos en adolescentes, pues cada año cerca de 12 mil adolescentes resultan embarazadas, y su tasa de fecundidad y riesgos de enfermar y morir también aumentan.
Debemos poner en marcha la educación sexual que necesitamos y desarrollar programas nacionales que aumenten el acceso de las adolescentes a servicios de salud de buena calidad y culturalmente apropiados.
No menos importante es la necesidad de superar el modelo biomédico de salud predominante en nuestro sistema, el cual ha sido insuficiente para promover estilos de vida saludables que ayuden a reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, como lo demuestran los más de 10 mil fallecimientos cada año por enfermedades circulatorias, los tumores, la diabetes y neumonías.
Así mismo está pendiente el fortalecimiento de nuestra capacidad para desarrollar intervenciones multisectoriales para reducir el número de muertes y lesiones causadas por violencias y accidentes de tráfico, las cuales le quitan la vida a más de 400 personas cada año. Íntimamente relacionado con estas muertes está el consumo de alcohol.
A pesar de la situación actual de algunos de nuestros indicadores, opino que Panamá tiene la solvencia profesional y la memoria histórica suficiente para alcanzar las metas pactadas.
Pero antes tenemos que superar los que considero los dos mayores obstáculos: el limitado avance en el desarrollo de un sistema único público de Salud y la debilidad demostrada del Minsa para el ejercicio de su rol rector.
Con relación a lo primero, el Ejecutivo tiene en su poder desde hace casi dos años la propuesta que le entregara la mesa de diálogo para implementar la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud.
A nivel del Minsa, son especialmente preocupantes los resultados de la evaluación llevada a cabo hace tres años, la cual identificó las profundas debilidades para el ejercicio de su rol rector.
En su momento se elaboró un plan para su fortalecimiento, pero no hay información sobre su avance.
Al igual que la propuesta del diálogo nacional antes señalado, parece “dormir el sueño de los justos”.
El autor es ciudadano