El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, endureció este lunes la posición de Washington ante Venezuela al declarar una “emergencia nacional” frente al país sudamericano por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” que, afirma, supone la situación de derechos humanos y la corrupción en esa nación para Estados Unidos. La decisión, el paso más fuerte dado por Washington contra Caracas desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, viene acompañada de sanciones para siete funcionarios venezolanos.
La declaración de “emergencia nacional” es un instrumento que le permite al Ejecutivo, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país, en este caso contra altos funcionarios de Caracas. La primera oleada de afectados son, desde este lunes, siete altos responsables de seguridad y justicia del gobierno de Maduro, a los que señala como “responsables de la erosión de los derechos humanos” en el país desde las protestas sociales del año pasado.
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del Gobierno venezolano por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos”, dijo la Casa Blanca al anunciar las medidas. La Presidencia estadounidense reclamó una vez más la liberación de “todos los presos políticos” en Venezuela, incluidos “decenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
Los sancionados son el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo Enrique González López, y su predecesor Manuel Gregorio Bernal Martínez; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; Antonio José Benavides Torres, exdirector de las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas de 2014; el también excomandante general de la GNB Justo José Noguera Pietri, actualmente presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana; la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón –responsable, entre otros, de la acusación contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma– y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Miguel Alcides Vivas Landino. Las sanciones implican la congelación de cualquier activo que los señalados puedan tener en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones comerciales con ellos. Washington también ha bloqueado su entrada en el país.