No hay amanecer para Guerrero. Una ola de sangre inunda el estado más violento de México. En menos de dos semanas, 50 personas han sido asesinadas, decenas de cadáveres han aparecido en fosas clandestinas y 25 alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD - izquierda) han denunciado coacciones del narco nada más tomar posesión del cargo. La escalada parece no tener fin. Ni la llegada de un nuevo gobernador, el priísta Héctor Astudillo, ni el anuncio del envío de fuerzas federales, han mitigado el terror.
La noche del domingo, 10 personas murieron acribilladas por el narco mientras veían una pelea de gallos (125 balazos en 45 segundos), y este lunes cinco familiares de un exjefe de policía fueron secuestrados y liquidados. Entre ellos había una niña de siete años y un bebé.
En Guerrero reina el caos. O lo que es peor, el narco. Un año después de la matanza de Iguala, la autoridad estatal sigue desaparecida. Solo en los nueve primeros meses, el crimen se ha cobrado casi 2 mil vidas, 750 de ellas en Acapulco, la antigua perla del Pacífico. Igual mueren niños y ancianos que agentes y alcaldes. Hace cuatro semanas cayó el mismo comandante de la Policía Municipal de Acapulco. Acababa de dejar a su hija en el colegio, cuando un sicario se acercó a su coche y le descerrajó cinco tiros en la cabeza. Era el cuarto mando policial asesinado en seis meses.
A diferencia de ciudad Juárez o Monterrey, ciudades que han logrado alejarse del infierno, Acapulco y por extensión Guerrero, siguen en plena descomposición. Los alcaldes lo saben bien. Como demostró la tragedia de Iguala, el control de la maquinaria municipal se ha convertido en un objetivo clave del crimen organizado. Para lograrlo aplican una fórmula sencilla. Plomo o plata. Las cambios electorales, como el que recientemente se ha registrado en Guerrero, apenas afectan. El narco lanza invariablemente su oferta. Y solo en contadas ocasiones hay quien lo denuncia. Así ha ocurrido con los alcaldes del PRD, la fuerza hegemónica de la izquierda en México. Veintiséis de ellos, prácticamente un tercio de los munícipes del estado, aseguran a través de un portavoz haber recibido en las últimas semanas amenazas y solicitan protección.
En este escenario, el gobierno ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado una nueva estrategia de seguridad. El ejército tomará el mando y se espera la llegada de mil 500 nuevos efectivos federales. Pero el corazón del problema sigue intacto.
Guerrero es el mayor productor de opio de América. Bajo estas condiciones, los carteles se han lanzado a una cruenta batalla por el control territorial. Chilapa es el ejemplo. Dos virulentas organizaciones criminales, Los Rojos y Los Ardillos, se la disputan. Las desapariciones se cuentan por centenares y la población ha sido abandonada. En mayo pasado el pueblo fue tomado durante cinco días por Los Ardillos, y 16 personas (30, según los familiares) fueron secuestradas. Nunca más se les vio. Cinco de los desaparecidos eran parientes del exjefe de policía municipal Silvestre Carreto, supuestamente vinculado con Los Rojos, la banda rival.
Este terror renació el martes 3 de noviembre. El hijo de Silvestre Carreto fue sacado a la fuerza de su casa y asesinado a un centenar de metros. Tres tiros en el tórax. El lunes pasado, la venganza prosiguió. Un grupo armado dio caza a seis vecinos de Chilapa y los liquidó en la comunidad de Tepozcuautla. Cinco eran familiares de Carreto. Entre ellos había una niña de siete años y un bebé de uno. Nadie ha sido detenido. Es Guerrero.