La insoportable sucesión de crímenes machistas ocurrida en España en los últimos meses –con el espeluznante asesinato de los hijos para dañar a la madre en algunos casos– debe llevar a la sociedad española y a sus representantes políticos a ir más allá de las habituales manifestaciones de dolor y repulsa.
Está bien declararse compungido y participar en actos de protesta contra la violencia machista, porque eso permite mostrar que la sociedad no es insensible ante esta terrible crueldad, pero no es suficiente.
Hay que avanzar más y demostrar que la sociedad no se resigna a convivir con la expresión más extrema y brutal del machismo.
El Partido Socialista Obrero Español ha propuesto un pacto de Estado para combatir la violencia de género. Es una iniciativa muy necesaria que exige el apoyo de las demás fuerzas políticas y que debe concretarse de inmediato.
El primer paso debería ser hacer una auditoría de los resultados y la ejecución de la ley integral contra la violencia de género aprobada en 2004.
Analizar qué aspectos funcionan adecuadamente y cuáles deben ser mejorados, y decidir las medidas necesarias para subsanar sus carencias.
Parece claro que el mayor fracaso está en la prevención. La estadística de los más de 10 años que lleva en vigor la ley muestra que solo una de cada tres mujeres asesinadas había presentado denuncia.
Es preciso averiguar las causas y revisar los protocolos de protección tanto de las mujeres amenazadas como de sus hijos, pues se ha demostrado que son con frecuencia la diana de los deseos malsanos de venganza de unos hombres embrutecidos por la herida de su ego.
En los años que lleva vigente la ley se ha presentado alrededor de un millón de denuncias por malos tratos. Si se tiene en cuenta que muchas mujeres no denuncian, la cifra revela hasta qué punto las relaciones de dominación están aún presentes en nuestro tejido social.
Combatir sus efectos exige una nueva vuelta de tuerca institucional.