Desde que la oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lanzaron un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Panamá para fortalecer la capacidad del Estado ante la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá, se han tomado una serie de acciones y han abierto espacios de aprendizaje para que el país se ponga al día con sus obligaciones internacionales.
A través de este acuerdo, nuestra oficina ha colaborado estrechamente con la comisión interinstitucional presidida por la Cancillería y que involucra a representantes de los diferentes órganos del Estado, a dar seguimiento a las solicitudes, recomendaciones y compromisos formulados por el Examen Periódico Universal y los órganos de tratados de derechos humanos, los cuales ofrecen al Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y en qué nivel se encuentra en cuanto al cumplimiento de dichas obligaciones.
Estos mecanismos internacionales de derechos humanos no son más que órganos basados en la Carta de la ONU, incluido el Consejo de Derechos Humanos, y otros órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con el mandato de supervisar que los Estados parte cumplan sus obligaciones para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación.
Esta disponibilidad del Estado a través de la Cancillería, y gracias a la colaboración de Oacnudh y PNUD, ha permitido que durante el mes de agosto Panamá haya presentado sus informes ante el Comité contra la Tortura y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que ha facilitado diálogos constructivos entre las delegaciones oficiales de Panamá con los expertos independientes de ambos comités.
Producto de la revisión de estos informes, Panamá recibió recomendaciones específicas para priorizar las medidas a tomar para el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, recomendaciones que son una oportunidad para que Panamá tome las medidas necesarias para elaborar respuestas a algunos de los problemas actuales de derechos humanos en el país.
Complementariamente, Panamá invitó al Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), para realizar su primera visita oficial al país con el fin de evaluar las medidas encaminadas a la prevención de tortura de las personas privadas de libertad.
Tras su visita, los expertos del SPT instaron públicamente al Estado a poner en funcionamiento el mecanismo nacional para la prevención de la tortura de manera independiente, efectiva y de acuerdo con los estándares internacionales, tomando en cuenta que, en palabras de Lorena González Pinto, quien encabezó la delegación, este mecanismo es un instrumento clave para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad y prevenir abusos contra estas.
En los próximos meses los mecanismos de derechos humanos seguirán evaluando el cumplimiento del país en sus revisiones periódicas, el cual el próximo será la revisión del comité de los derechos del niño del quinto y sexto informe periódico de Estado en su sesión 77ª en enero-febrero de 2018 en Ginebra.
Panamá ha ratificado la gran mayoría de las convenciones internacionales de derechos humanos, y está avanzando en el compromiso de reportar sus avances por vía de informes públicos.
Ahora el Estado tiene el reto de incorporar las recomendaciones de los distintos comités de las Naciones Unidas para implementar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones para promover y proteger los derechos humanos de todos y todas.
El autor es representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH.