Vivir en un planeta sano es un derecho fundamental de todo ser humano. No podemos postergar ni un minuto más los beneficios de la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Por eso, ONU Medio Ambiente llama a todos los países de la región a ratificar el histórico Acuerdo de Escazú.
La región puede hacer historia a partir del 27 de septiembre de este año cuando, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sus 33 países podrán ratificar este acuerdo, el primer tratado vinculante del mundo que otorga a los derechos ambientales la misma posición legal que tienen los derechos humanos a nivel global.
Este consenso regional, firmado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, es producto de cuatro años de negociación y se deriva del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptado durante la conferencia Río + 20 en 2012.
Su contenido vanguardista es una respuesta a un clamor auténticamente latinoamericano y caribeño: que el desarrollo sea producto de la participación ciudadana y que sea inseparable de la protección del medio ambiente.
El acuerdo busca, específicamente, garantizar el acceso a la información confiable, a la justicia y a la participación pública en asuntos ambientales. Es un tratado clave para proteger a los defensores ambientales, aquellos quienes han estado dispuestos a dar su vida por un planeta más sano y sostenible. Esto es especialmente relevante en momentos en los que la región es escenario de múltiples crímenes y enfrentamientos a causa de la posesión de la tierra y los recursos del subsuelo.
Solo en 2017, 60% de los 207 asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en América Latina y el Caribe, según datos de la organización de monitoreo Global Witness. Alrededor de 25% de los defensores asesinados provenía de comunidades indígenas, en especial en la Amazonía.
Muchas más personas son maltratadas y expulsadas de sus hogares a causa de la defensa de derechos ambientales íntimamente relacionados con otros derechos humanos, como la vida, la salud o el trabajo. Tolerar estas intimidaciones socava el Estado de derecho de nuestros países. Para proteger a estos héroes anónimos que están pagando el precio más alto por defender nuestro entorno, ONU Medio Ambiente lanzó la Iniciativa de Derechos Ambientales.
Los niveles de violencia contra los defensores resultan paradójicos en una región que ha dado lecciones al mundo en jurisprudencia ambiental y que alberga a economías emergentes y promisorias, con un increíble potencial “verde”.
Esta contradicción debe terminar. Y los Estados se propusieron hacerlo a través del Acuerdo de Escazú, que fortalece los mecanismos de consulta previa y participación pública, regula el papel de la empresa privada y garantiza que el desarrollo sea fruto de la democracia.
Se trata de un paso estratégico y no menor ahora que se intensifican los eventos climáticos extremos y el mundo acelera los esfuerzos contra el cambio climático y todas las formas de contaminación sobre la Tierra.
A través del Acuerdo de Escazú, América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de iniciar una nueva era en la relación entre derechos y medio ambiente.
El autor es director regional de ONU Medio Ambiente