ADMINISTRACIÓN PANAMEÑA

Preguntas sobre el Canal

Preguntas sobre el Canal
Preguntas sobre el Canal


Hacia 2006, cuando se debatía la propuesta de ampliación del Canal, se preguntó a los impulsores del proyecto acerca del impacto del derretimiento de los casquetes polares sobre los tránsitos por la vía acuática. Aun cuando la evidencia científica ya indicaba que, como consecuencia del calentamiento global, el Océano Ártico eventualmente se abriría a la navegación comercial 12 meses al año, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aseguró que el fenómeno no mermaría el uso de nuestra vía.

Como me pareció importante dejar constancia de los cuestionamientos hechos por ciudadanos responsables, preocupados por los temas nacionales, incluí sus inquietudes en un artículo publicado en la revista académica inglesa Global Society (“National Security or Special Interests: US Support for the Panama Canal Expansion Programme”, 2011).

Desde entonces se ha acumulado mayor evidencia que justifica plenamente las preguntas hechas en 2006, sobre todo en vista del enorme costo en que hemos incurrido (y cuyo monto final aún desconocemos) para ampliar el Canal de Panamá. Días atrás, un editorial del Times de Londres adujo que “de acuerdo con cálculos de la armada estadounidense” (US Navy), hacia 2030 “el deshielo a lo largo de la ruta marítima norteña abrirá el camino a una conexión rápida entre los mercados de Asia oriental y las ciudades europeas, lo que revolucionará el comercio mundial” (“Baked Alaska”, 13 de mayo de 2017).

Dicha ruta no solo conectará directamente al Lejano Oriente y Europa a través del Ártico, como lo sugiere el editorial. También acercará los puertos asiáticos a los mercados del litoral atlántico norteamericano.

La apertura de la ruta del Ártico en poco más de una década supondría una competencia directa para el Canal de Panamá. Mínimamente, constituiría una alternativa más corta y menos costosa al traslado de mercancías a lo largo del mayor circuito del comercio global: el que conecta al Lejano Oriente con el este de Estados Unidos. Esta es, además, la principal ruta que actualmente utiliza el Canal de Panamá.

¿Qué perspectivas nos presenta este escenario? ¿Dejará de ser atractivo nuestro Canal para la marina mercante? ¿Se “regionalizará”, como lo ha hecho el centro financiero, para servir principalmente a los países sudamericanos?

En el marco de la “revolución marítima” que se predice, ¿habrá suficientes tránsitos para recuperar la multimillonaria inversión realizada por Panamá y seguir generando los ingresos que el Estado panameño se ha acostumbrado a recibir desde el año 2000? Todas estas son preguntas válidas en el contexto más amplio del papel y la relevancia del Canal en la vida nacional.

El discurso oficial insiste que el Canal en manos panameñas funciona mejor que bajo la administración anterior. Esta aseveración se repite alegre y superficialmente sin mayor examen o análisis.

Sin embargo, circulan rumores pertinaces acerca del manejo administrativo en la ACP. Se alega que tras la salida de los estadounidenses se afincó en el Canal una rosca impenetrable que ha menoscabado la meritocracia en el reclutamiento del personal y ha afectado la transparencia en la adquisición de bienes y servicios, en favor del amiguismo y el nepotismo.

El contrato para la construcción de las nuevas esclusas ha sido particularmente problemático. Muchos dudamos de la pertinencia de asignarlo a un extraño consorcio encabezado por una compañía afectada por graves problemas financieros, en el que –además– participa una empresa vinculada a quien entonces dirigía la ACP.

Al final del camino, las dudas han sido justificadas en virtud de los multimillonarios reclamos contra la ACP presentados por el consorcio, amén de los señalamientos que se han hecho sobre la calidad de la obra ya entregada y su expectativa de vida (The New York Times, 22 de junio de 2016).

Recientemente, se ha pretendido trivializar el debate sobre la construcción de un nuevo puerto en Corozal como una pugna entre intereses económicos. Más allá de esos intereses, existe una normativa constitucional y legal que constituye el parámetro indiscutible acerca de lo que se puede y no se puede hacer en la vía acuática y sus áreas adyacentes.

El gran valor económico y simbólico del Canal para los panameños amerita que abordemos seria y correctamente los asuntos expuestos. De lo contrario, el impacto de los acontecimientos internacionales nos pillará desprevenidos.