Tres reformas sustanciales en la estructura del Estado propongo a los presidenciables:
a) Crear el Ministerio de Ciencia y Cultura, adscribiéndole además a este nuevo ministerio las responsabilidades que hoy tiene el Ministerio de Educación, salvo el mantenimiento de las escuelas públicas existentes, que pasaría al Ministerio de Obras Públicas. Toda nueva edificación de escuelas deberá ser responsabilidad del nuevo ministerio, y, solo y únicamente, para impartir las clases y programas que el nuevo ministerio determine. El sector educativo, como lo conocemos hoy, se irá reduciendo por selección natural propiciada. Julio Escobar sería un excelente nuevo superministro.
b) Delimitar los municipios y las diputaciones según cuencas hidrográficas, y no por cantidad de población. Los recursos son los que serán asignados según cantidad de población. La economía tendría la base para empezar a evolucionar en armonía con la naturaleza. El agua, las prioridades en su uso, producción y su no contaminación, condicionará, como la gota que horada la roca, la conducta de las personas. (El agua es el eje sobre el que gira la vida en el planeta). La descentralización conduciría a los políticos (diputados y representantes de corregimiento) a vincularse con sus comunidades con disminución sustancial de la corrupción. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario se transformaría en el Ministerio del Agua. Manejaría la hacienda nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas desaparecería. Las funciones del MEF serían asignadas a los diferentes ministerios e instituciones autónomas, a excepción de Planificación, que volvería a la Presidencia. El exministro Arango sería un excelente nuevo superministro. (El nuevo énfasis de la economía sería en la producción agropecuaria).
c) En vez de dar estabilidad a cientos o miles de abogados que laboran hoy en día en las instituciones gubernamentales -como pretendían los diputados en beneficio propio- nombrarlos como jueces administrativos (administrative law judges) dentro del Órgano Judicial adscritos a esas mismas instituciones. Montañas de recursos y apelaciones de los ciudadanos que deberían ser resueltos rápidamente terminan en la Sala Tercera de la Corte Suprema empantanando la administración de justicia y permitiendo que el “capital” abuse de la misma. El magistrado Carrasco capitaneó, casi que imperceptiblemente, la implementación del sistema penal acusatorio (se rehizo parte de la administración de justicia).
Cuando se presenta la tormenta hay que atravesarla, de frente, contra el viento. (Eso permite cortarlo y reducir la superficie sobre la que aplica su fuerza; así avanza la piragua). En Panamá convergen muchos intereses. Los cambios hay que hacerlos a la panameña, paso a paso, como quien no quiere la cosa, con metas intermedias y descansos, pero con objetivos cantados, públicos, claros, emotivos, culturales, acordes con nuestra naturaleza (legítimos) como lo hizo Roma: incorporando.
Menciono nombres para incentivarlos a que propongan, como parte de su oferta electoral, un gabinete en la sombra. No será fácil. Será tormentoso. Pero pasará. Y saldrá el sol para quien sufra la ordalía.
El autor es abogado