Aunque las cifras varían mucho, se calcula que entre 50 mil y 100 mil niños viven en las calles de Brasil. Para la inmensa mayoría, eso supone –además de toda clase de penalidades– la ausencia de un documento de identidad: no existen para el Estado.
Las estadísticas públicas tienden a minimizar el problema, pero pervive hasta la edad adulta. Según datos ofrecidos por la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Río de Janeiro, un 10% de los presos que ingresan en cárceles del Estado no tiene documentos de identidad ni partida de nacimiento. Solo salieron de la invisibilidad burocrática al cometer un delito. Son 4 mil personas que integran el sistema solo gracias a su cartilla carcelaria y forman lo que los especialistas llaman el comando criminal: su único registro legal es que han tocado el piano; es decir, han inscrito sus huellas digitales al ser detenidos.
Ricardo (nombre ficticio) es un expreso en libertad condicional que hoy regenta un negocio de comida para llevar en el barrio carioca de Madureira. Tiene un brazalete electrónico en el tobillo que registra sus movimientos. Durante años trabajó junto a funcionarios de prisiones y policías en la comisaría 58 de Río, beneficiado por un programa de reducción de pena. Se encargaba de hacer la ficha a los condenados que llegaban a prisión.
Un portavoz de la secretaría de Derechos Humanos de Río de Janeiro explica: “Les es prácticamente imposible escapar del circuito delictivo”. La falta de partida de nacimiento bloquea al acceso al documento de identidad, lo que a su vez excluye toda posibilidad de acceder a otros certificados habituales: por ejemplo, para firmar un contrato de trabajo o votar. “Algunas historias son dramáticas. Tratan de regresar a la vida civil rehabilitados, conseguir un trabajo, enderezarse, pero ni siquiera reciben un documento que les acredite como ciudadanos”, añade.
La concesión de documentos civiles a un adulto que sale de la cárcel es complicada. La lentitud y complejidad de los trámites burocráticos en Brasil es proverbial, y la maraña de documentos exigidos para cualquier acto privado puede convertir en ocasiones el país de la samba en un entorno kafkiano; sirva de ejemplo que en la década de 1980 existió incluso un Ministerio de Desburocratización.
Ricardo, que pasó 10 años en la cárcel por matar a un hombre (en defensa propia, dice) en una pelea de bar, considera “increíble” que la suerte de los presos una vez acabada su condena dependa de un papel tan común. “¿Sabe usted lo difícil que es pasar una década en la cárcel y salir más o menos bien? ¿No morir en una pelea, no ser asesinado por un traficante por tu pasado o por tu comportamiento? Dar un documento de identidad debería ser facilísimo, un premio a los que superan el trance de una cárcel brasileña”.