Reflexiono al leer notas compartidas de conocidos y amigos sobre los aconteceres nacionales e incidentes que nos llevan al mismo camino e interrogantes de qué hacer o qué opinar por la catástrofe a la que nos conduce el síndrome de corrupción incubado en algunos ciudadanos, que van desde el más simple de los mortales hasta los más encumbrados de este país.
Dos puntualizaciones por las que opino y critico, pero propongo soluciones concretas y dignas como son: Ingeniería Municipal y posible Instituto de Ingeniería Oficial.
En primer lugar, considero que lo referente a la aprobación de materiales y elementos para el uso en obras de estructuras e infraestructuras en el país por la Universidad Tecnológica de Panamá, con ello se escribió el primer capítulo de calidad total. Sin embargo, el siguiente capítulo a considerar sería la estructuración de requisitos para los nombramientos de los ingenieros municipales a nivel nacional, los cuales deben ser certificados como expertos en el conocimiento y cumplimiento de todas las normas y leyes aplicadas para la aprobación de los planos de construcción y todas las aprobaciones alternas. Es prioridad ya que todavía sobreviven el compadrazgo, amiguismo y nepotismo en menoscabo de este ámbito.
Sin deslucir la intención de nuestra propuesta considero importante intervenir y calificar situaciones puntuales de obras de infraestructura y edificaciones que aparentemente con una llamada se han sellado anteproyectos y planos aprobando olímpicamente sendos documentos sin cumplir con algunas normas y leyes, porque un determinado propietario o empresario así lo requirió y el diligente funcionario así lo aceptó, acompañado de disfrazada donación.
Considero que lo señalado es producto de que nuestra cultura y educación que contribuyó a erigirnos como pilares de la sociedad, han sido transgredidas por algunos audaces y solapados empresarios y profesionales idóneos, inclusive socios de agrupaciones gremiales que ahora son proponentes de reformas constitucionales convenientes a sus intereses.
Por otro lado, en referencia a la segunda propuesta del Instituto de Ingeniería Oficial, abordo una simple comparación de medidas eficientes basado en situaciones concretas, las abultadas planillas de diputados, las cuales incluyen desde 20 hasta 100 o más funcionarios con salarios que oscilan de mil hasta $4 mil, dando incipientes aportes al desarrollo nacional.
Así planteado calculamos un presupuesto asumiendo 71 H.D., considerando solamente 20 funcionarios de $2 mil por cada H.D., resultan $2.84 millones por mes, versus el ente colegiado propuesto con un equipo de 50 miembros profesionales de la ingeniería y afines con las más altas consideraciones académicas, a un promedio salarial de $4 mil al mes promedio, arrojaría una planilla básica de $200 mil. Dichos profesionales, estructurarían y licitarían los estudios y diseños entregando el proyecto diseñado, presupuestado y listo para que las entidades convoquen las construcciones correspondientes.
Es de vital importancia observar la modalidad de “estudios, diseños y construcción”, condición esta, que en esa mezcla de alcances, se han adjudicado proyectos que han institucionalizado el concepto de juez y parte en la ejecución de los mismos y más aún se contribuye al entramado de sobrecostos y corrupción institucionalizada desde algunas instituciones, ministerios y empresas constructoras, con el contubernio de algunas entidades financieras.
No presento pretensiones absolutas, pero sí de aspiración por un mejor país que es de todos.
El autor es ingeniero y economista