GOBERNABILIDAD

Reformas constitucionales, de crisis en crisis

La reciente y creciente ola de manifestaciones contrarias al proceso de reformas constitucionales que tienen como escenario la Asamblea de Diputados no deja dudas del estado crítico en que tales reformas se encuentran; a pesar de que quienes defienden este tipo de cambio constitucional, lo niegan fervorosamente.

Pensionados, gremios magisteriales, defensores de derechos humanos, jóvenes universitarios, sindicatos y público en general han expresado su rechazo de alguna u otra forma, al acto constitucional que la Asamblea mantiene en su calendario de debates, conforme a la inercia que mueve las reformas.

El reclamo ciudadano ha evolucionado de tenso y hasta violento algunas veces a cívico y militante en otras. Pero sigue siendo un público heterogéneo, sin organización ni liderazgo claro y sin más denominador común que el hastío y el sentirse víctima de un sistema que los vulnera, oprime y que encima, se mantiene impune.

El Ejecutivo, que había dado paso libre a las reformas que proponía el mecanismo de Concertación Nacional, en un viaje directo y sin escala al Órgano Legislativo, tuvo que involucrarse y asumir nuevas posiciones, a falta -hasta este momento- de un liderazgo que asuma la responsabilidad política de las reformas propuestas.

En ese viaje por las curules legislativas, la propuesta de cambios puntuales a la constitución fue sometida a la voluntad de los diputados, voluntad que, en términos generales, no está en sintonía, ni con lo que demandan los ciudadanos, ni con lo que se propone el Órgano Ejecutivo. Con lo que tal viaje tiende a convertirse en una especie de curso errático con momentos de caída libre, que corre el riesgo de acrecentar el disgusto ciudadano, en circunstancias nada cómodas: Desaceleración económica, un ejecutivo recién instalado con un bajo fundamento político (33% de los votos) y una evidente desarticulación de los actores políticos.

Es decir, lo que se argumentaba como la fortaleza de las reformas, se ha convertido en su distintiva debilidad: Generan inestabilidad creciente. La razón es muy clara; llevan implícitas el desarrollo de crisis, por las contradicciones que tienen y producen.

Un primer nivel de crisis resulta ser más superficial o más fácil de distinguir. Por una parte, se ha satanizado a la Asamblea –y ella misma ha contribuido muy poco en evitar esa condena-, con el argumento de que este Órgano del Estado ha desvirtuado lo hecho por la Concertación; queriendo con ello legitimar lo acordado ahí, como “las reformas que la Constitución necesita”.

Un segundo nivel de crisis está menos expuesto por la confusión, el desconocimiento y el interés particular de ciertos sectores. Radica en el hecho de que la concertación no resuelve los problemas o exigencias de representatividad y de legitimidad que requiere un cambio constitucional. Es decir, la nación parece haber llegado al momento de enfrentar la realidad de que sólo una constituyente es capaz de resolver estos dos problemas.

Las reformas constitucionales que emanan de la Concertación son insuficientes y limitadas, en su intención y en su alcance; toda vez que, aun cuando tienen a poco más de una veintena de interlocutores que participan allí, no todos los participantes estuvieron de acuerdo con los cambios planteados y no parece haber constancia ni efectos de que esos representantes hayan acudido a sus bases de representados para ilustrarlos sobre la profundidad y el alcance de las reformas y para realimentarse del parecer de esos públicos.

La Concertación es un valioso mecanismo de acuerdos, que ahora enfrenta el riesgo de quedar afectado por ocuparse de un asunto que desborda, con creces, su responsabilidad y capacidad. Un cambio constitucional está a otro nivel de expectativas y demandas nacionales.

La disyuntiva sigue estando entre estas dos posiciones: Que el cambio constitucional se debe limitar a reformas puntuales, ajustadas a un calendario y a un proceso de aprobación que pasa indiscutiblemente por un órgano de Estado que no está dispuesto a reformarse a sí mismo (la Asamblea) o debe ser un proceso constituyente en el que los ciudadanos se vean representados de manera directa y especialmente enfocada a un cambio integral, sin miedos, ni tabúes que la sesguen.

La historia está en desarrollo, aunque ya se muestran adelantos de sus próximos capítulos: Un creciente riesgo de crisis en crisis, que los tomadores de decisión pueden disminuir, si hacen la medición correcta del estado de salud de la democracia panameña.

El autor es analista político y docente universitario 

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