Según comunican diversos medios, el pleno de la Concertación Nacional para el Desarrollo -un organismo consultivo de naturaleza corporativista, escasamente convocado en poco más de una década de existencia- se encuentra por concluir su análisis y adopción de una serie de propuestas para reformar, e incluso adicionar, artículos en nuestra Constitución Política. A partir de la segunda mitad del año, tales propuestas deberán ser sometidas al Consejo de Gabinete, a la Asamblea Nacional en dos legislaturas y, finalmente, a la aprobación o rechazo popular mediante un referéndum en 2020.
Las motivaciones que por voces ciudadanas de larga data indujeron, hace unas semanas, a toda la Concertación a trabajar en estos temas son simples y precisas: impulsar la transparencia institucional, a la vez de combatir la corrupción en la administración pública, así como prevenir la impunidad de quienes sean señalados por delitos de corrupción.
Es un hecho más que evidente la necesidad republicana de una nueva Constitución Política integral, en la que el Estado panameño se desarrolle gracias a la labor de constituyentes electos, descartando el frecuentado mecanismo de parches modificatorios que la actual, de 1972, ha sostenido en 1978, 1983, 1994 y 2004, sin contar con los intentos fallidos de 1992 y 1998. Pero como se creyó que la coyuntura de un cambio de gobierno era oportuna para agregar un parche adicional, centrado exclusivamente en materias de transparencia y corrupción, el pleno de la Concertación, junto a sus comisiones, inició sus trabajos en marzo pasado.
Sin embargo, el documento producido hasta la fecha por la Concertación dista mucho de lo pretendido por las motivaciones originales. La Concertación se ha involucrado en temas accidentales, incluyendo cambios en la definición del Estado panameño y su propio ensalzamiento dentro de la misma Constitución -a principios del texto y muy por delante de los órganos del Estado- estableciéndose como un nuevo organismo de rango constitucional, que obligan a recordarle que esas no son las reformas a sugerir, ni tampoco que se esperan de ella.
La lista de materias pendientes y en verdad relevantes no reguladas a profundidad o ignoradas en la Constitución Política actual, que con la Concertación se siguen quedando en el tintero, es considerable: los principios de procedimiento para la investigación y juzgamiento de servidores públicos, en particular de los diputados; la eliminación de la mal llamada “prueba idónea”, la ampliación de las facultades de la Contraloría General de la República, las prohibiciones por conflictos de interés de funcionarios y exfuncionarios, el opaco universo de las contrataciones públicas, la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores y enriquecimiento injustificado, entre otros.
Nada de lo anterior está siendo propuesto por la Concertación como normas de rango constitucional. Además, varias de las reformas institucionales que sí propone, la mayoría de bastante pobre formulación, mantienen el error de dejar su implementación a los propios diputados: “La ley reglamentará la materia”, como si alguna vez una Asamblea Nacional hubiera actuado consecuentemente con reformas legislativas en pro de la transparencia.
Para muestra el proyecto de ley 514, sobre la imprescriptibilidad de la acción penal y otras disposiciones para combatir la corrupción. Este proyecto, nacido de la iniciativa ciudadana en 2017 y aprobado frente al clamor general, fue vetado por el Órgano Ejecutivo por ciertas normas y permanece ya más de un año engavetado esperando la actuación de la Asamblea.
La Concertación debe enfocarse en lo que debe. Es claro que no todo lo que proponga como reformas será aprobado por el Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional entrantes. Pero también es seguro que todo aquello que deje por fuera se mantendrá pendiente y no obtendrá el rango constitucional que la ciudadanía, hastiada de tanta corrupción, exige.
El autor es abogado y doctor en derecho internacional