Inició la discusión de las reformas constitucionales y, con ello, la oportunidad de cambios precisos que permitan corregir el rumbo del país.
El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo elaboró el documento base, y la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional realizó una gira por todo el país para escuchar las opiniones de los panameños sobre los cambios que se deben implementar. Según los propios diputados, quienes participaron en las giras, los temas que surgían una y otra vez eran: educación, corrupción y justicia.
Es alentador que el tema más importante haya sido la educación; el acceso a una educación gratuita de calidad. Ello demuestra que la inteligencia colectiva funciona, y que apunta al origen de todos los problemas del país: una educación deficiente y excluyente, que limita las oportunidades de desarrollo, dependiendo del lugar en donde naces. También es un termómetro de lo mal que está el sistema y la urgencia de pasar del discurso de que la educación es la estrella, a la acción de hacerla brillar.
En el tema de corrupción, las quejas son muchas, y esta preocupación ciudadana debe ser atendida prontamente porque incide en la credibilidad del sistema y, por ende, su legitimidad. El problema es que los cambios necesarios en la Constitución para combatir la corrupción pasan por eliminar privilegios y limitar la reelección de los propios diputados quienes deben aprobarlos. Ya vimos cómo empiezan los diputados a atacar el #NoALaReelección, llamándolo antidemocrático, o que la investigación de los casos de los diputados no pase al Ministerio Público, como el resto de nosotros los mortales. Esos son los temas que tienen que ir individualizados en el referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan, si en efecto, es o no democrático.
En cuanto a la justicia, la independencia presupuestaria, el Tribunal Constitucional y los cambios en la duración y método de escogencia de los magistrados, deben ayudar a fortalecer la institucionalidad y, por ende, la justicia. Sin embargo, siempre vamos a depender de la voluntad e integridad de las personas. Si queremos un país donde haya justicia, debemos elegir mejores gobernantes y participar activamente como ciudadanos veedores y protectores de la democracia.
La semana pasada, Movin presentó su aporte a las reformas constitucionales, apoyando el documento presentado por la Concertación Nacional, y traemos un nuevo tema para debatir: la modificación del artículo 24 para permitir la extradición de nacionales. Nuestro sistema de justicia ha sido incapaz de procesar el crimen organizado y, mientras trabajamos en fortalecerlo (una tarea que demorará muchos años), no podemos ser refugio de delincuentes internacionales. El crimen organizado ha penetrado nuestras instituciones de justicia y nuestro sistema político es un problema que agrava la seguridad personal de todos, especialmente de los más jóvenes. Países vecinos como Colombia y México sufren diariamente este problema al punto de que decenas de jóvenes desaparecen sin explicación, o se ven obligados a hacer juicios con jueces encapuchados -no esperemos llegar hasta allá para tomar medidas-.
La discusión de las reformas constitucionales es el debate más importante que tenemos, pues definirá el rumbo del país por los próximos años. Es imperativo que los diputados se desprendan de sus intereses particulares y partidarios y se vistan de patria, buscando fortalecer instituciones, no espacios políticos y personales. Todos los ciudadanos debemos estar vigilantes del debate y exigir que las reformas incluyan los cambios necesarios, a la vez que puedan ser votadas de manera individual.
La autora es miembro de Movin