La trama del llamado caso Odebrecht ha sacudido todo el continente. En su desarrollo se ha documentado que la constructora brasileña pagaba sobornos para ganar contratos de obras públicas. Esa urdimbre ha demostrado que todo gobierno y sus funcionarios pueden ser comprados. No existen intocables en América Latina.
El escándalo está desviando la atención de otra trama. La que se urde internamente referente a la concesión del puerto de Corozal. Pocas veces se ha visto en la historia nacional a una empresa instalada en el país desplegar tantos recursos para impedir, en este caso, la competencia en las operaciones de puertos.
La construcción de una terminal de contenedores en el puerto de Corozal es un tema de vieja data. Los estudios realizados y los debates alrededor de la obra han determinado que su ejecución es vital para incrementar la competitividad del país y consolidar su posición como hub logístico continental.
Una resolución de la junta directiva dio luz verde, en octubre de 2014, a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para iniciar los procesos de precalificación y licitación para la concesión, diseño, construcción y operación comercial de un puerto de contenedores en Corozal.
Las operaciones del Canal no están circunscritas meramente a la actividad de pasar barcos entre dos océanos. Y no existe impedimento legal para que la ACP desarrolle actividades portuarias en forma directa o por medio de un concesionario. El desarrollo del puerto de Corozal es un eslabón dentro de la estrategia de diversificación de los negocios del Canal para multiplicar sus aportes al Estado.
La ejecución del proyecto es, además, una demanda de la industria marítima internacional, que requiere servicios de trasbordo en el Pacífico, ante la limitada capacidad de la empresa Panamá Ports Company (PPC).
Precisamente es PPC la única que se opone a su ejecución –como hizo anteriormente con el proyecto de Farfán– y con una larga lista de abogados a su servicio, comandados por el bufete Morgan y Morgan, pretende mantener el monopolio de las operaciones portuarias en el Pacífico. Con ese objetivo ha interpuesto una veintena de supuestos impedimentos legales contra el proyecto, algunos de los cuales han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en favor de la ACP. Otros se encuentran pendientes de resolución.
Reforzando la campaña para frenar la construcción del puerto de Corozal, PPC inventó asociaciones de residentes del área que, igualmente, han presentado media docena de acciones legales contra la ACP. Pese a la maniobra, la mayor parte de esas demandas han sido falladas de manera favorable al proyecto. Los residentes pueden tener preocupaciones válidas, pero algunos no son más que instrumentos de PPC. Buscan desconocer que el proyecto fue concebido con estándares capaces de reducir al mínimo los efectos sobre el medio ambiente, las comunidades aledañas y dar soluciones a los aspectos de vialidad, ruido y contaminación del aire.
La conclusión es que el proyecto de la nueva terminal portuaria está en un área propiedad de la ACP, no se ha invadido espacio público o privado y no afecta a los residentes ni sus propiedades.
Pese al rechazo de la CSJ, las demandas de PPC han retrasado la licitación, perjudicando un proyecto fundamental para la economía. Al pretender manipular la justicia para frenar el puerto de Corozal, está saboteando el desarrollo económico del país. No obstante, PPC sigue escalando en su empeño. Atiza campañas sucias pagadas a través de medios de comunicación y mediante presiones en todos los niveles para tratar de desbarrancar el proyecto y evitar que se licite la obra. Su argumento es que se trata de un proyecto inviable en momentos en que el comercio marítimo mundial presenta una desaceleración. Pero esconde que actualmente sus instalaciones no cuentan con disponibilidad de muelles de acceso durante los fines de semana, cuando la demanda es mayor. Si esa fuera la realidad, Colombia y Costa Rica no estarían ampliando sus terminales portuarias para beneficiarse del movimiento de carga que genera el Canal.
En el trance, el Ejecutivo y su Consejo de Gabinete han guardado silencio como si respaldar en forma contundente el proyecto del puerto de Corozal los comprometiera frente a los genuinos intereses nacionales. Eso deja la impresión de que el silencio también tiene precio.
Es hora de que los gremios del sector privado, las agrupaciones sindicales, las asociaciones cívicas y la sociedad organizada se pronuncien en respaldo del puerto de Corozal y demuestren que Panamá no puede convertirse en rehén de la voracidad de una empresa portuaria.
