Con su continua militancia pacífica, mediante gigantescas marchas de protesta y otros medios, el pueblo de Puerto Rico expulsó al bribón de Ricardo Rosselló del Palacio de Santa Catalina. Aunque su renuncia es efectiva el próximo 2 de agosto, el inquilino de La Fortaleza ha perdido su poder. Esta semana la utilizará “para hacer una transición ordenada” del gobierno. Debido a que la silla del Secretario de Estado está vacante (constitucionalmente su sucesor), la ley establece que la Secretaria de Justicia le sucederá en la gobernación. Sucede que la licenciada Wanda Vásquez, actual Secretaria de Justicia, es del mismo combo y aliada incondicional de Ricardo Rosselló. Vásquez a su vez está acusada por el pueblo de ser una “chanchullera” que arregla los casos en el Departamento de Justicia y que presiona a los fiscales para que los mismos sigan sus órdenes incondicionalmente. Ella es una acérrima enemiga del presidente del Senado, cuerpo que tendrá la responsabilidad por ley constitucional, para dar el consejo y consentimiento del Secretario de Estado, a quien constitucionalmente le corresponde la gobernación después de la renuncia del primer (a) ejecutivo (a) del país.
El pueblo de Puerto Rico se autoconvocó espontáneamente para protestar sobre las fechorías cometidas por el gobernador. Esas protestas no tenían líderes, pero nucleaban a grandes sectores de la población. La más grande protesta, expresada con una marcha, reunió más de un millón de personas, siendo la más grande en toda la historia de Puerto Rico.
Luego de la renuncia del gobernador tenemos que plantearnos la pregunta: y ahora, ¿qué? Nuestros esfuerzos tienen que dirigirse a conseguir otra forma de gobernar, como una que permita la transparencia, y la participación democrática de sus ciudadanos en la toma de las decisiones más importantes. No podemos olvidar que la lucha principal debe ser la erradicación del colonialismo en Puerto Rico y la búsqueda de una sociedad más justa y un sistema económico que establezca la igualdad en la riqueza y que se tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios fundamentales que presta el gobierno. Se debe requerir al gobierno de Estados Unidos una indemnización por el robo de nuestras riquezas y por mantenernos como una colonia.
Como la juventud ha demostrado su interés en la justicia, debe dársele participación en las decisiones de poder y que ocupen importantes cargos en el gobierno, según sus capacidades.
La Junta Imperial de Control Fiscal tendrá que eliminarse, devolviéndole al pueblo de Puerto Rico su autonomía fiscal. El pueblo tendrá la responsabilidad final de fiscalizar al gobierno. Esto es necesario y urgente para evitar la rampante corrupción.
Tendrá que redactarse una nueva constitución en la que se incluyan nuevos derechos, que garanticen el bienestar social, que incluya una nueva manera de suceder el poder y que establezca un referéndum revocatorio. La legislatura debe responder igualitariamente a toda la población.
Con estos cambios y otros nuevos que se puedan incorporar, tanto la justicia como la riqueza serán del pueblo.
El autor es analista geopolítico