En 1956, el medio de trasporte colectivo usual eran las “chivas”, vehículos de marca americana, modificados para eliminarles las puertas traseras, el maletero, y construirles un vagón de madera en el que los usuarios se sentaban frente a frente. La mayoría de los conductores eran amables, y algunos de ellos eran, también, dueños de esas chivas. Además, había buses de empresas privadas que se dedicaban al transporte colectivo, recuerdo uno cuyo dueño era de apellido Barletta. En general, se ofrecía un servicio relativamente bueno, a pesar de que no contaban con aire acondicionado.
Se escuchaban pocas quejas de quienes usaban ese medio de transporte, excepto algún disgustado por el volumen de la música y, de vez en cuando, por alguna carrera que emprendían los conductores. Lo que hay que tomar en cuenta es que esos vehículos eran privados y no le representaban ningún costo al Gobierno.
Había pocos taxis, en su mayoría utilizados por los turistas que se transportaban a los hoteles y al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esa era la realidad que vivía el transporte hasta el 11 de octubre de 1968, cuando mediante un golpe de Estado subió el “gobierno provisional” de los militares. Durante ese gobierno, para crear fuentes de trabajo y lograr simpatía con el pueblo, se permitió poseer un autobús o taxi a las personas que quisieran dedicarse al transporte colectivo y selectivo. Una persona podía ser dueña de un solo bus o taxi, sin embargo, se ingeniaba y lograba tener otros buses a nombre de familiares o allegados.
Fue durante esa época que surgieron los denominados “diablos rojos”, cuyos propietarios tenían derecho a ciertas prebendas (combustible a precios especiales). Con el pasar de los años, el gobierno militar invirtió una fuerte suma de dinero, supuestamente, para resolver los problemas que ya había con el transporte, e introdujo una gran cantidad de buses marca Pegaso, que no eran los más adecuados por el clima y la estrechez de las calles del país. Transcurrido un lapso aproximado de cuatro años, quedaban muy pocos en circulación. La mayoría quedó como chatarra y al pueblo panameño solo le quedó una mala inversión.
Muchos años después, en el gobierno democrático de la presidenta Mireya Moscoso, se invirtió otra fuerte suma de dinero y se compraron buses largos, blancos y con aire acondicionado llamados “las neveras”. Muchos recordamos que uno de ellos, con placa 8B-06, fue el que se incendió causando la muerte de varias personas y graves lesiones a otras.
Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli se adquieren otros autobuses y, además de esa inversión, se decide sacar de circulación a todos los “diablos rojos”, indemnizando a cada dueño con una alta suma de dinero. De forma acertada se inicia la construcción del Metro, obra que, a mi criterio y de la mayoría de panameños, ha sido apropiada y efectiva, a pesar de no contar con los vagones necesarios (dificultando el movimiento en las horas pico), y de que no hayan tenido la visión de aumentar la cantidad de vagones (escuché que están por incluir nuevos); tampoco ofrece áreas de estacionamiento.
El actual gobierno invirtió millones de dólares, pagándole a una empresa, para luego trasladar la administración de los buses a otra empresa, manifestando que así se resolvería el grave problema del transporte. Según los usuarios, los resultados no han sido satisfactorios, pues se mantiene el caos. El Estado ha permitido el regreso de los buses, ahora denominados “diablos verdes”, y una cantidad considerable de denominados “buses piratas” que, en muchos casos, no están reglamentados ni legalizados. Escuché que han hecho otra inversión millonaria para aumentar la flota de MiBus, que serán utilizados en su mayoría en ruta directa a la 24 de Diciembre, espero que sea un alivio para quienes viven en esa área.
En relación con el servicio de taxis, su presencia en las calles es numerosa. Los usuarios se quejan porque en muchos casos se niegan a llevarlos a su destino (no voy), a pesar de que se paga como un servicio selectivo, lo transforman en colectivo, permitiendo el ingreso al taxi de personas ajenas al pasajero que lleva. Algunos son utilizados para delinquir y muchos usuarios sienten temor porque lo consideran un riesgo.
Hay dueños y conductores que son correctos, prestan un buen servicio y están expuestos al peligro de ser víctimas de robos y asesinatos por la creciente delincuencia. Para los usuarios de Uber, ese servicio es una opción segura, pero su funcionamiento es cuestionado por los taxistas, porque no se ajustan a las leyes de tránsito. Pienso que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre debería ser exigente en el cumplimiento de las leyes y el mantenimiento que debe tener todo equipo rodante; exigir que el transporte se brinde con seguridad y se le preste buen servicio al usuario. ¿Cómo queremos que el país avance si algo tan elemental como el transporte no es eficiente?
