Uno de los derechos fundamentales de los privados de libertad es recibir capacitación en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad (Art. 28 de la Constitución Política de la República de Panamá). El concepto de resocialización o rehabilitación está consagrado en nuestra Constitución Política desde 1946. Sin embargo, gran parte de la sociedad no entiende ni está de acuerdo con ese concepto.
Muchos piensan que a los delincuentes se les debe sancionar de forma tal que la pasen lo peor posible. Este razonamiento prevaleció en culturas que nos antecedieron, pero en Panamá parece que todavía prevalece. Quienes piensan así consideran que el privado de libertad, al sentirse encarcelado y sufrir las consecuencias de su privación de libertad, se arrepentirá de haber cometido un delito, y que al salir de la cárcel no volverá a delinquir. Desgraciadamente, ese razonamiento queda desvirtuado con lo que sucede en la realidad, pues un alto porcentaje de los que cumplen condenas vuelven a delinquir y se convierten en reincidentes.
¿Cuál es la explicación de esto? En mi opinión, sucede porque en Panamá no se ha implantado una efectiva resocialización o rehabilitación. Por el contrario, mientras los privados de libertad cumplen sus condenas están sujetos a las influencias negativas y nocivas de otros delincuentes, pero no a las influencias positivas que podrían recibir, si fueran, efectivamente, resocializados.
¿Quiénes pierden con esta situación? La que pierde es la sociedad, porque en vez de disminuir la delincuencia, esta aumenta al sumar nuevos delincuentes a los que ya cumplen sus condenas y salen a la calle a delinquir, porque no han sido resocializados.
En este aspecto, Panamá ocupa un nivel cultural bajísimo y nos igualamos a países en cuyos sistemas penitenciarios se viven situaciones ya superadas por las naciones civilizadas.
La resocialización no es un asunto sencillo y no debe ser administrada por funcionarios o entidades que no estén especializadas en la materia. Resocializar no es solo mejorar la calidad de la alimentación del privado de libertad ni darle mayor espacio físico en su celda. Es algo mucho más complejo, porque de lo que se trata es de influir en el delincuente para mejorar su idiosincrasia y transformarlo en un ciudadano normal, en vez de un delincuente.
La capacitación de los privados de libertad en oficios como ebanistería, plomería, electricidad, etc., tiene gran importancia, porque si ellos no pueden conseguir un trabajo, debido a su falta de preparación, lo más seguro es que delinquirán nuevamente para poder sobrevivir.
La capacitación está ganando terreno en Panamá, y el mérito lo tienen autoridades con una nueva visión del problema penitenciario. El sector privado puede ayudar en gran medida con los planes de resocialización que se quieran implementar.
Los comerciantes, industriales, empresarios, etc., están bien organizados y podrían ofrecer plazas de trabajo a los resocializados. Los grupos religiosos contribuirían a formar una base ética y moral para que el detenido se comporte adecuadamente en la sociedad. Los grupos cívicos pueden reforzar el sentido de autoestima y convivencia social que muchos privados de libertad han perdido.
Desgraciadamente, el sector privado no está participando en el proceso de resocialización, a pesar de que su participación podría ser muy valiosa, como se ha demostrado en República Dominicana y en otros países.
Hace algunos años, se propuso un proyecto de ley para crear un organismo mixto integrado por el sector público, grupos religiosos, sectores empresariales, grupos cívicos, etc. Este proyecto de ley todavía está pendiente de consideración por la Asamblea Nacional, a pesar de que fue presentado en el año 2011.
Las autoridades penitenciarias deberían mirar las experiencias de otros países y solicitar la participación y cooperación del sector privado para que colabore con una resocialización efectiva. Por supuesto, la participación del sector privado no será suficiente, se necesitará, también, la reestructuración de sistemas, procedimientos y trámites que hoy son factores adversos a la resocialización. Es importante que los centros penitenciarios sean administrados por personal civil, debidamente entrenado y capacitado, porque a la fecha son administrados por la Policía Nacional, que no está preparada para cumplir esa función.
Una última reflexión: ¿Por qué los medios de comunicación social, las personas que participan en los debates o programas de opinión, no se refieren al tema penitenciario?