El año 2016 me deja un sabor amargo. La sociedad panameña se debate en medio de un trauma debido a los serios problemas que experimenta el agro y que han de afectar la seguridad alimentaria; por la crisis en educación que pone de manifiesto su retraso; por los enredos en la seguridad social y la renuncia del director de la CSS; por la inseguridad institucionalizada, con crímenes atroces y robos; por la descentralización municipal fallida; por los dineros cuantiosos destinados a obras insustanciales; por la agonía de la Zona Libre de Colón; por el desorden en el transporte público y la piratería; por la afectación de la institucionalidad, de los empresarios y sus negocios, a causa de la Lista Clinton; por la posible clausura de periódicos; por la administración de justicia cuestionada, al igual que la Asamblea Nacional; por la cultura postergada; por los papeles de Panamá y las confesiones coimeras de Odebrecht y por una política exterior incierta.
Estos son algunos de los muchísimos problemas que hacen presencia en Panamá. El camino que parece haber diseñado el Gobierno Nacional, con serias sinuosidades, no presenta la suficiente claridad para transitar y llegar a puerto seguro. Las improvisaciones parecen ser la metodología de acción, al igual que la falta de decisiones firmes en el reclamo al respeto por la soberanía nacional, como debió ser en el caso de los negocios lacerados por Estados Unidos a través de la Lista Clinton. Todo esto lleva a señalar la naturaleza de una gestión gubernamental muy tibia y poco comprometida.
No es posible que en este país, que manejan cifras millonarias para diversas obras, se tenga que hacer colectas públicas para llevarle salud a los panameños, principalmente, a los infantes; que todavía funcionen las llamadas “escuelas rancho”, y se retrase, por varios meses, el pago de salarios a los trabajadores de la educación.
Además, da pesar ver la angustia que muestra el productor nacional frente a las políticas de importación que ejerce el Gobierno Nacional, y por las explicaciones acomodaticias de los funcionarios, que no convencen a nadie.
Es difícil entender que todavía no se apliquen medidas efectivas para rescatar a la Caja de Seguro Social y, por ende, que los panameños asegurados experimenten ansiedad ante el posible colapso del programa de invalidez, vejez y muerte.
Es escandaloso que se hable de invertir millones de dólares para adecuar un parque, mientras hay otros problemas prioritarios que deben ser atendidos. Y, peor aún, que se esgriman estadísticas sobre la disminución del índice de crímenes, mientras la percepción y la misma realidad muestra la otra cara del problema.
La justicia, vista como selectiva, hace mucho daño a su imagen y pone al Gobierno como sectario en ese sentido.
Por otro lado, las políticas relacionadas con las carreteras han sido altamente deficientes, por lo que Panamá se presenta como un país sin una verdadera organización vial.
Y qué decir de las municipalidades que, como principales actores del cambio en las regiones, no han sido lo suficientemente pertinentes y muestran una situación de sensible demora en la acción.
Ante todos estos problemas, espero que el año 2017 sea de autocrítica y de reflexión para la rectificación.
