En los próximos cinco meses, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), tendrá que enfrentarse a una petición de destitución presidencial iniciada en 2015, y a la difícil tarea de convencer a sus aliados para que voten a favor de la creación de nuevos impuestos en plena recesión.
Recibida por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, el del Senado, Renán Calheiros –ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)–, y por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandovski, Rousseff saludó con dos besos en las mejillas a los dos últimos, mientras que al primero –que aceptó que se abriera un proceso de destitución contra ella– le dio un seco y rápido apretón de manos.
“La CPMF [un impuesto sobre movimientos financieros] es un puente necesario entre la urgencia a corto plazo y la necesidad de estabilidad fiscal a medio plazo”, afirmó la presidenta, que cuando alzaba la vista para mirar a sus espectadores en el Congreso, veía carteles con la frase “Fuera la CPMF”, muñecos inflables que representaban al expresidente Lula vestido de presidiario, y una pancarta que sujetaban los diputados Jair y Eduardo Bolsonaro (los conservadores padre e hijo afiliados al Partido Progresista y al Partido Social Cristiano, defensores del impeachment) que decía: “Brasil ya no te aguanta más. Lárgate”.
El polémico proyecto de ley que trae de vuelta la CPMF, que Rousseff ha prometido enviar a las Cámaras, es una de las principales apuestas del gobierno para intentar equilibrar las cuentas públicas, y será el primer asalto en el cuadrilátero del Congreso.
La presidenta también pidió apoyo para prorrogar el fondo llamado Desvinculación de la Hacienda de la Unión (DRU, en sus siglas en portugués) –un mecanismo que permite al gobierno federal utilizar libremente el 20% de los impuestos federales para pagar gastos prioritarios o intereses de la deuda pública sin necesitar la aprobación del legislativo– y sugirió que los presupuestos de los estados y municipios también puedan beneficiarse de este recurso. También volvió a defender la reforma de la seguridad social, un proyecto que encuentra resistencia hasta dentro de su propio partido, el PT.
En un momento de su discurso de casi 40 minutos, Rousseff escuchó una voz aguda que le preguntaba qué se había hecho para luchar contra el avance del virus del zika y la microcefalia. Era la diputada Mara Gabrilli, del Partido de la Social Democracia Brasileña. La presidenta respondió que, entre otras medidas, está firmando acuerdos con el Gobierno estadounidense para producir una vacuna contra el virus, y le pidió a Gabrilli, que es tetrapléjica, que ayudara y aportara ideas para acoger a los que sufren microcefalia y mejorar la asistencia de los discapacitados. “Actualmente, el gobierno no consigue atender a los discapacitados y solo propone un acuerdo. Es poco para enfrentar este problema tan grave”, se quejó Gabrilli.
Por si no fueran pocos los ataques de sus adversarios, su aliado Renán Calheiros también le dio un “tirón de orejas”. En el discurso de cierre de la sesión de apertura del año legislativo en el Congreso, el presidente del Senado dijo que hace tiempo que Brasil debería tener un “banco central centrado, sin ningún tipo de interferencia”. La crítica iba dirigida a la decisión del BC de mantener el tipo de interés al 14.25%, una actitud que complació al gobierno del PT. El clima hostil, marcado por al menos cinco abucheos, tuvo también aplausos de aliados del gobierno, principalmente cuando la presidenta habló sobre la creación de la tercera fase del programa de ayuda a la vivienda Minha Casa Minha Vida (Mi Casa Mi Vida) y cuando sugirió que, con la reducción de la crisis hídrica en las regiones del sudeste y centro-oeste de Brasil, la tarifa de energía eléctrica se podrá reducir.