La presidenta brasileña apartada temporalmente del poder, Dilma Rousseff, está oficialmente siendo investigada desde el miércoles por obstrucción a la justicia. El Tribunal Supremo de Brasil, que tiene que autorizar los procesos contra altos cargos públicos aforados, le ha dado permiso a la fiscalía para abrir la investigación.
Los investigadores sospechan que la presidenta quería nombrar a su antecesor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, como su ministro de la Casa Civil para evitar que este fuese detenido en el ámbito de la operación Lava Jato, que investiga la corrupción en la estatal Petrobras. Una conversación telefónica entre Lula y Rousseff llegó a divulgarse la víspera de que este tomase posesión del cargo, el pasado marzo, pero la grabación no pudo ser utilizada como prueba debido a que la justicia considera que su filtración es ilegal. En el diálogo, la presidenta dijo que enviaría a Lula el documento que lo nombraba ministro (y le concedía automáticamente un aforamiento) para que este lo utilizase en caso de necesidad. En aquella época, el expresidente estaba siendo investigado por haber recibido un apartamento y una casa rural como regalo de constructoras implicadas en el caso Petrobras, y corría el riesgo de ser detenido.
En el mismo caso que Rousseff también está siendo investigado Lula da Silva, así como los exministros José Eduardo Cardozo y Aloizio Mercadante, el exsenador Delcídio do Amaral, los magistrados del Superior Tribunal de Justicia Marcelo Navarro y Francisco Falcão (actual presidente de esta institución). Todos son sospechosos de tratar de obstruir las investigaciones del caso Petrobras. Los detalles de la investigación aún no se conocen.
Los exministros de Rousseff fueron citados por el exsenador Do Amaral en su confesión, que hizo a cambio de ventajas judiciales. Según él, José Eduardo Cardozo trató de desviar las investigaciones de Petrobras reuniéndose con el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, en Portugal, y Aloizio Mercadante trató de “comprar” el silencio de Delcídio do Amaral. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia también fueron acusados de intentar obstaculizar el caso Petrobras.
Todos los sospechosos han negado su participación en la trama. En un comunicado, Rousseff ha asegurado que la apertura de la investigación será“importante para dilucidar los hechos y aclarar que en ningún momento hubo obstrucción de la justicia”. Los abogados de Lula han publicado un documento diciendo que el expresidente “nunca ha practicado actos que puedan constituir una obstrucción a la justicia”.
La noticia se produjo el mismo día que Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), hizo pública una carta dirigida tanto a los senadores como al pueblo brasileño en la que prometía nuevas elecciones en el caso de que supere el juicio político (impeachment) al que se enfrentará a partir del 25 de agosto. Para muchos especialistas, este anuncio llega tarde y el proceso contra Rousseff tiene muy pocas posibilidades de ser detenido.