La situación del Gobierno de Brasil se vuelve cada día más dramática. La economía no remonta el vuelo, crece la polarización política y la presidenta Dilma Rousseff ve cómo su poder se desvanece, sobre todo desde que la policía se llevó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a declarar, acusado por la fiscalía de corrupción en el caso Petrobras.
El jueves, la situación empeoró: otra fiscalía, la de São Paulo, presentó una denuncia contra Lula por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Se trata de una acusación mucho más modesta, pero socava más la imagen del padrino político de Rousseff y de la propia presidenta.
Dilma Rousseff trata de mantener la naturalidad y cumple con el protocolo de su agenda, pero las extrañas estrategias a las que ha recurrido para salvar su gestión revelan a una persona aturdida, en busca de salidas desesperadas. Estos días se enfrenta a una Cámara de Diputados hostil, que bloquea sus iniciativas y que planea retomar la petición de destitución en su contra, pero también sufre presión en su propio partido: una parte de los ministros del Partido de los Trabajadores (PT) presiona para darle un cargo a Lula en el Gobierno, algo que lo convertiría automáticamente en aforado ante la Justicia.
La noticia de que se evaluaba la posibilidad de que el expresidente pasase a integrar el equipo de Gobierno fue vista como una especie de confesión de culpabilidad de Lula, pero también como una señal de la pérdida de la capacidad de gobernar de la presidenta, que tendría que llamar a su mentor para que consiguiese hacer lo que ella ya no puede.
La sustitución de su ministro de Justicia también se percibe como un paso en falso del Gobierno. El nuevo ministro, Wellington César Lima e Silva, es fiscal de Justicia del Estado de Bahía. El Tribunal Supremo rechazó que Lima e Silva pueda compatibilizar ambos cargos, y le ha dado 20 días para renunciar a su puesto de fiscal, en caso de que quiera mantener la cartera.
En el área económica, este lunes llegaron lo que parecían buenas noticias. La Caja Económica Federal aumentó el límite de crédito para la financiación bancaria destinada a la compra de inmuebles, pero la decisión, en principio positiva, también despertó polémica.
Algunas voces creen que el Gobierno está estimulando a un banco público a ofrecer crédito en un momento de intensa inestabilidad económica. Incluso la ligera desaceleración de la inflación de febrero (0.9% frente al 1.27% de enero) se ve con escepticismo.
La gran prueba de fuego del Gobierno tendrá lugar mañana domingo. Movimientos de oposición han convocado manifestaciones en decenas de ciudades brasileñas, y los organizadores cuentan con que conseguirán reunir a centenares de millares de personas para exigir la salida de Rousseff.