La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, acorralada por unas encuestas en las que no remonta, por una crisis económica que se cronifica y por una oposición cada vez más animada a pedir su destitución, ha salido al contraataque. En entrevista concedida a Folha de S. Paulo asegura, saliendo al paso de los que aseguran que dejará su cargo o que sufrirá una destitución parlamentaria: “No voy a caer, eso lo tengo muy claro”.
A inicios de esta semana la presidenta brasileña se movilizó casi de emergencia para tratar de apagar el incendio político desatado en torno a ella. En primer lugar, el Partido de la Democracia Brasileña (PSDB), que celebró un congreso el domingo para elegir como presidente al senador Aécio Neves, se acerca cada vez más a las tesis de la destitución parlamentaria de Rousseff (impeachment); en segundo, las últimas acusaciones del caso Petrobras, que surgen de las denuncias del empresario Ricardo Pessoa, implican, entre otros, al ministro de la Casa Civil (especie de secretario de Estado de Comunicación) en la trama. Además, el Congreso sigue siendo hostil a las medidas de ajuste, necesarias, según Rousseff –y su ministro de Economía, Joaquim Levy–, para sanear la economía.
Rousseff se reunió el lunes con líderes de su propio partido (el Partido de los Trabajadores, PT), a fin de respaldar a Michel Temer, que preside la principal formación de los aliados parlamentarios del Gobierno en el Congreso, el PMDB. Era una respuesta al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que a pesar de ser del mismo partido de Temer (formación sin clara ideología que sirve siempre de bisagra política para el poder), no lo quiere como intermediario entre el Congreso y el Gobierno. A cambio, Temer asegura que la destitución parlamentaria no tiene fundamento: “El impeachment es algo impensable ahora”.
Rousseff, en entrevista concedida a Folha de S. Paulo, asegura que ni va a dimitir ni hay base legal para que deje el cargo. “No voy a caer, lo tengo muy claro”, dijo. Los que defienden la destitución de Rousseff se apoyan en las posibles desviaciones presupuestarias del Gobierno –a fin de cuadrar las cuentas con el déficit permitido, lo que constituye, en puridad, un delito contable pero no un robo de fondos–, algo que estudia ahora el Tribunal de Cuentas. Rousseff explica que, si el dictamen es negativo, rebatirá las tesis del tribunal, que decidirá el 21 de julio.
El otro asunto que sirve de hipótesis para encauzar una destitución parlamentaria deriva de las investigaciones del caso Petrobras: tanto un empresario, Ricardo Pessoa, como un antiguo especialista en blanquear dinero que trabajaba para la trama corrupta, Alberto Yousseff, aseguran que dieron millones de reales para engrasar la campaña de Rousseff en 2014. Sobre esto, ella respondió: “Ahí hay una cosa extraña. El mismo día que a mi campaña se le hace una donación, se le hacía otra a la campaña de mi adversario [Aécio Neves, candidato a la Presidencia en 2014 por el PSDB]; ¿y resulta que lo mío es soborno y lo otro no?”.