INTERROGANTES

Subsidios, ¿la solución total?

Los subsidios implican una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada. En otras palabras, los subsidios son la intervención directa del Estado en el mercado, a fin de que un grupo de personas pague un precio menor por determinado bien o servicio, mientras que el Estado compensa a los proveedores pagando el resto del costo.

En Panamá, a grandes rasgos, los subsidios se clasifican en no sociales: como el gas licuado, electricidad, exoneración de impuestos (importación y sobre la renta); los subsidios sociales: el FECI, intereses preferenciales, la beca universal, ángel guardián, red de oportunidades, 120 dólares a los 65, y los subsidios a la Caja de Seguro Social (CSS), que abarca el aumento a las pensiones y aportes especiales para maternidad y enfermedades.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en 2018, se presupuestó mil 446 millones de dólares para el pago de subsidios. Para ilustrar, con esos recursos, se pudieron haber construido ocho nuevos hospitales del Niño. De igual forma, si contrastamos los aportes del Canal de Panamá al Tesoro Nacional durante 2018 (mil 703.7 millones de dólares) vemos como el pago de subsidios representa aproximadamente el 85% de dicha contribución.

Ahora bien, propongo iniciar un debate comparativo sobre las ventajas y desventajas de los subsidios. Para ello, es fundamental contrarrestar la finalidad del subsidio con su efectividad comprobada.

Ciertamente, los subsidios obedecen a una labor social: apoyar a grupos vulnerables de la sociedad a mejorar su calidad de vida y facilitarles el acceso a servicios básicos, a fin de que puedan ser autosuficientes y, en un futuro próximo, no tengan que depender de subvenciones gubernamentales.

Sin embargo, el problema surge cuando los subsidios conferidos carecen de planificación, objetivo, duración y exceden de motivaciones políticas y clientelistas. Lo que debió ser una medida concreta para erradicar la pobreza, tiende a degenerarse en incentivos perversos, que condenan a la dependencia y a la mediocridad. Los subsidios no deben ser vistos como la cura infalible a los problemas, sino como un paliativo mientras los cambios estructurales e integrales se ejecutan.

En Panamá urge un sistema para medir la efectividad y el impacto de los subsidios. Debemos replantearnos la política de subsidios estatales y considerar la adopción de una ley general de subsidios. La falta de este mecanismo ha derivado en una fuga de recursos, toda vez que personas que no están en el margen de pobreza se benefician injustificadamente de estos. Dos ejemplos concretos son el subsidio de casi 40 millones de dólares al año para mantener el pasaje de la línea 1 del Metro y el dirigido al cilindro de gas de 25 libras. Sobre este último, el Estado financia aproximadamente $8.50 por cada tanque de gas. No es un secreto que gran porcentaje de quienes reciben este subsidio no lo necesitan, mientras que en áreas donde realmente se requiere esa inversión estatal y para quienes, en teoría, está destinado el subsidio, aún cocinan en fogón.

A menos de 90 días de las elecciones, es menester que contemplemos los subsidios como un eje focal del debate. Nos corresponde preguntar y exigir respuestas claras a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se pagará? ¿Quién lo recibirá? ¿Por cuánto tiempo? Y así determinar si las ventajas sobrepasan las desventajas y los costos.

La autora es miembro del Círculo Bastiat de la Fundación Libertad

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