Faltan solo 63 días para que se definan los destinos de Dilma Rousseff y Michel Temer, si se confirma el calendario presentado por el relator de la Comisión del proceso de destitución, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña. Según su previsión, que todavía tiene que ser aprobada por la comisión en la próxima reunión, el 2 de junio, el pleno del Senado decidirá el 2 de agosto si Rousseff pierde de forma definitiva el mandato como presidenta de Brasil. La votación crucial, si se concreta esa fecha, será a tres días de la apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Estos dos meses y pico serán, por lo tanto, esenciales. No solo para la defensa de Rousseff; también establecerán el plazo que el actual presidente interino tiene para demostrar que puede sacar el país de la crisis económica actual, adoptando medidas fiscales lo bastante firmes como para gustar al mercado, pero no tanto como para revolucionar las calles. Todo ello bajo una carrera contra el tiempo porque, en cualquier momento, la investigación del caso Petrobras puede alcanzar su base aliada o el propio corazón del Gobierno.
La luz amarilla se encendió esa semana, con la caída de Romero Jucá, brazo derecho de Temer. Ha abandonado su puesto en el estratégico Ministerio de Planificación después de que el periódico Folha de S. Paulo revelara conversaciones que sugerían la existencia de un complot para interrumpir la investigación. La incertidumbre ha sido creciente en los días siguientes con la divulgación a cuentagotas de otras grabaciones.
Para destituir a Dilma Rousseff es necesario que 54 de los 81 senadores voten a favor de la destitución. En la votación de admisibilidad del proceso que ha apartado a Rousseff del cargo, el pasado 12 de mayo, 55 senadores votaron a favor de que se abriera la investigación. Eso significa que la mandataria, además de mantener los votos que ya tuvo, necesitaría convencer al menos a dos senadores más de que cambien de opinión. Un margen muy reducido. Y, aunque esta fase es el corazón jurídico del proceso, con la presentación de pruebas y la presidencia del Tribunal Supremo, la decisión será un reflejo del balance político del momento.
“Es un periodo corto en el que Temer tiene que conseguir muchas cosas. Tiene el gran desafío de colocarse como la solución de la crisis económica. Es un período de tiempo crucial para que muestre que no da igual uno que otro”, explica João Augusto de Castro Neves, director en Latinoamérica de la consultora de riesgo político Eurasia Group. Según los cálculos de la consultora, que tiene en consideración cuestiones como el apoyo de la población y el tamaño de la base aliada de Temer en el Congreso, en este momento la probabilidad de que el Senado vote a favor de la destitución es del 80%, pero la situación es tan delicada que esta estimativa puede cambiar en cualquier momento.
Para Neves, los anuncios en el área económica que Temer ha hecho hasta ahora cuentan a su favor. Los nombres escogidos para comandar el área, como el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, han imprimido confianza en un cambio de rumbo económico. La aprobación del cambio de la meta fiscal por parte del Congreso, la madrugada del pasado miércoles, también demostró que la “superalianza” montada en el Parlamento ha funcionado en su primera prueba importante.
Hay riesgos: como el comprometimiento irreversible de Renan Calheiros, el presidente del Senado, en el escándalo. Su salida podría desestabilizar la crucial Cámara alta. Si acierta en el área económica, Temer agradaría no solo a los mercados, sino también se ganaría la confianza de la clase media que ha salido a la calle en los últimos meses; que odia al Partido de los Trabajadores, pero que todavía no está segura de apoyar al Gobierno interino.