Todos nuestros países y sociedades enfrentan el desafío de combatir la evasión fiscal, que priva a los gobiernos de valiosos recursos para financiar políticas públicas, apoyar el crecimiento económico y ofrecer más oportunidades para una sociedad más justa. Combatir la evasión fiscal no solo es esencial para proteger los recursos públicos, sino también para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la equidad de los sistemas tributarios. Como lo subraya la exposición de motivos del proyecto de ley 591 : “por temas de ética y moralidad, es injusto que la inmensa mayoría de los contribuyentes cumplan fielmente con sus obligaciones y que un puñado de actores económicos evada con engaño sus obligaciones a la sociedad”.
Precisamente, para combatir estas prácticas el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha adoptado un plan de acción y estándares para neutralizar la evasión fiscal internacional. Dichas normas incluyen la tipificación de la evasión fiscal como delito penal y precedente al blanqueo de capitales. En este contexto, saludamos la presentación y el examen en la Asamblea Nacional de Panamá del proyecto de ley 591 que propone la penalización de la defraudación fiscal. La adopción de esta ley reviste una particular importancia. Lo que está en juego con este proyecto de ley no es solo saber si Panamá será excluida de una determinada lista, sino principalmente dotar a las instituciones panameñas de instrumentos efectivos para luchar contra determinadas prácticas que socavan el pacto social.
Los autores son los embajadores de Alemania, Francia, España, Países Bajos, Reino Unido y Portugal en Panamá
