Porras con púas de metal, grilletes con peso para las piernas, sillas de ejecución, gas lacrimógeno o equipos de electrochoque son fabricados en China y exportados a países donde se violan de manera sistemática los derechos humanos. El informe China’s Trade in Tools of Torture and Repression, realizado por Amnistía Internacional (AI) junto con la Fundación de Investigación Omega, denuncia que más de 130 empresas chinas, la mayoría de propiedad estatal, fabrican y distribuyen objetos de tortura en África y Asia.
En los últimos 10 años, el número de negocios especializados en este tipo de materiales se ha multiplicado por cuatro en el país asiático. Según el informe, solo en China se fabrican “porras con púas de metal en toda su extensión, o bien porras de plástico con una cabeza de metal terminada en punta”. Estos objetos pueden causar un dolor y un sufrimiento insoportables.
Camboya, Senegal, Egipto, Uganda, República Democrática del Congo, Ghana, Nepal, Tailandia o Madagascar son algunos de los países que compran herramientas de tortura al Estado asiático. Según los datos recopilados en el estudio, 29 empresas chinas anunciaban porras eléctricas que permiten a las fuerzas de seguridad “aplicar manualmente descargas eléctricas múltiples, sumamente dolorosas, en zonas sensibles del cuerpo, como los genitales, la garganta...” y, todo ello, sin apenas dejar rastros físicos.
Grilletes, sillas de inmovilización o esposas que aúnan manos y cuello engrosan la lista de objetos tétricos “made in china”. Dispositivos que “pueden poner en peligro la vida de una persona al limitar la respiración, la circulación de la sangre y la comunicación nerviosa entre el cuerpo y el cerebro”. En definitiva, se trata de herramientas diseñadas para infligir dolor y violar derechos humanos.
El mercado no se restringe a grupos armados o individuos aislados, este tipo de materiales es adquirido por cuerpos de la policía y del ejército que cometen abusos. En 2012, la empresa China Xinxing Import/Export Corporation aseguró que mantenía vínculos con más de 40 países africanos, lo que le reportó una media de $100 millones.
Detrás del crecimiento exponencial del comercio de la tortura y la represión aparece la sucesión de violaciones de derechos humanos. China se sitúa entre los primeros puestos del ranking de países donde se emplea la fuerza de manera arbitraria.
La falta de control y transparencia sobre la fabricación y distribución de este tipo de objetos ha abierto las puertas al mercado de la tortura. Así, desde AI instan a las autoridades chinas a que “realicen una reforma fundamental de su normativa comercial” que ponga fin “a la transferencia irresponsable de material para el mantenimiento y el orden a organismos que probablemente utilizarán ese material para violar los derechos humanos”.