Con las promesas de la democracia que fundó Nelson Mandela caducadas y sin perspectiva de mejora en una clase dirigente corrupta, cada vez más sudafricanos dan por amortizada la etapa abierta en 1994 y apuestan por una segunda transición que colme sus aspiraciones frustradas.
Esta segunda transición -que debe conseguir la igualdad económica después de que la primera lograra igualdad política- fue abanderada en su día por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), que ve ahora cómo sus antiguos fieles reclaman este paso sin más dilaciones y le rechazan para liderarlo.
Estas últimas semanas, el país se ha visto sacudido por masivas protestas estudiantiles en favor de una educación superior gratuita que durante varios días cerraron todas las universidades y forzaron al Gobierno a anular la subida de más del 10% de las matrículas prevista para el curso próximo.
La victoria en las calles de los estudiantes -que exigen que los hijos de la mayoría aún predominantemente negra y pobre no queden excluidos- ha sentado un precedente que muchos parecen dispuestos a aprovechar.
Entre ellos los miles de trabajadores y desempleados que, convocados por el opositor populista de izquierdas Julius Malema, marcharon el 27 de octubre ante la Bolsa de Johannesburgo y el banco central para exigir el fin del “monopolio blanco del capital”.
Estos movimientos están lejos de ser esporádicos y tienen en común su oposición al CNA, el movimiento de liberación que gobierna ininterrumpidamente Sudáfrica desde la caída del apartheid, al que recriminan haber perpetuado la sangrante desigualdad sembrada por el antiguo régimen.
Se parecen también en que ambos provienen de cuerpos sociales tradicionalmente fieles al CNA: los estudiantes negros, nacidos ya en democracia e hijos de los oprimidos, y los trabajadores rasos de color que siguen siendo el sector mayoritario del país.
Y comparten además la receta para llegar a sus objetivos: más Estado y más impuestos en un país con altos niveles de economía informal y un desempleo de más de 50 millones de habitantes donde solo 6.5 millones contribuyen al fisco.
Este desencanto creciente no se ha traducido aún en grandes pérdidas electorales para el oficialismo que, apoyado en la lealtad y el clientelismo, sigue gozando de una mayoría de más del 60% pese a una caída en votos anunciada para las presidenciales de 2014 que nunca llegó a producirse.
Además, los tímidos avances conseguidos por el principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (AD) no son percibidos como propios por las masas y la elite negra más combativa, que consideran que este partido centrista representa los intereses de la minoría blanca.
En estas circunstancias, la acción de los decepcionados se articula en agitadas protestas sin adscripción partidista o en torno a Malema, que aboga por la nacionalización de las minas y la expropiación de la tierra y ha promovido la ocupaciones de terrenos en las ciudades.
Visto por algunos como una oportunidad para acabar con la situación privilegiada de los blancos y mejorar las condiciones de vida de las masas, este nuevo despertar del activismo provoca también preocupación y desconfianza entre la clase media y los empresarios.
Un cambio dictado por movilizaciones sociales y una alternativa política abiertamente revolucionaria no es el clima más propicio para los inversores, siempre temerosos de que Sudáfrica siga la vía de Estado fallido del vecino Zimbabue, pero veinte años de democracia capitalista han ofrecido bien poco a la Sudáfrica negra.