Recientemente, el World Economic Forum resaltó en sus redes sociales la decisión del gobierno de Luxemburgo de eliminar las tarifas de trenes, tranvías y buses para 2019, haciendo de este país el primero en Europa tener el transporte público completamente gratis.
Según el reporte, la capital de Luxemburgo tiene una de las peores congestiones de tráfico del mundo, ya que, a pesar de tener una población de 110 mil personas, unas 400 mil más se desplazan a ella diariamente para trabajar. Los transeúntes pasan unas 33 horas, más de un día completo de sus vidas, en embotellamientos, por lo que según fuentes como The Guardian, el gobierno de esta ciudad espera con esta medida bajar los tranques y mejorar la calidad del aire.
Ya la ciudad ofrece transporte gratuito a niños y personas hasta 20 años de edad, y el boleto de un adulto tiene un costo de $2.30, el cual permite viajar en todas las formas de transporte disponible por dos horas, cubriendo casi cualquier viaje dentro de Luxemburgo.
Como alguien que diariamente gasta casi dos horas en un recorrido de 9 kilómetros en hora pico, la idea de menos tráfico me resulta idílica. Aun así, siempre me surgen preguntas, algunas más retóricas que otras: ¿Qué tan gratis realmente son estas iniciativas? ¿De dónde saca el Estado para sufragar estos subsidios? ¿Son estas decisiones genuinamente efectivas y viables?
En primera instancia, el uso del concepto “gratis” para describir estas iniciativas es engañoso, dado que si bien el pasajero no tiene que hacer un desembolso al momento de usar el servicio, la realidad es que estas tarifas, ya sean reducidas o eliminadas, son financiadas por los contribuyentes a través de los impuestos que pagan, y estas políticas no son libres de cargos, con subsidios de hasta el 68% en La Haya, Holanda.
Por otro lado, pudiéramos alegar que el beneficio ambiental en este tipo de medidas sobrepasa cualquier posible costo económico, sin embargo, el cambio en los hábitos de transporte en las ciudades donde se han implementado iniciativas similares es marginal en el mejor de los casos. Por ejemplo, un estudio publicado en 2016 por la revista Transportation, revela que en la ciudad de Tallinn, capital de Estonia, donde en 2012, con 75.5% de votos, se aprobó mediante referéndum la implementación de transporte público gratuito. Tras un año de este experimento, el uso de transporte público había aumentado 14%, pero en contraste, el uso de automóviles solo disminuyó 5%, mientras que el desplazamiento a pie disminuyó 40%. Si bien la medida fue tan popular, al punto de que se abriera el compás para que los 15 cantones de Estonia implementaran la medida, esta no ha sido adoptada en su totalidad, lo cual pone en tela de duda la efectividad de estas iniciativas para lograr cambios contundentes en cuanto a la calidad de vida de los usuarios y el cumplimiento de metas ambientales.
De todo esto, la lección para Panamá, donde a pesar de que la construcción del Metro vaticinó una mejora en la calidad de vida para los usuarios y reducción del tranque, esto solo significó una mejora para quienes migraron de un sistema de transporte público a otro, mas no para los conductores. Mientras tanto, a punta de déficit destinamos unos $40 millones anuales en subsidio para mantener el pasaje en $0.35, sin embargo, una planificación urbana que sea amigable con el peatón e incentive medios como la bicicleta aún no son prioridad y eso nos está costando.
La autora es miembro de la Fundación Libertad