El fundamento de un Estado de derecho es el respeto a las garantías constitucionales de sus ciudadanos. Cuando el Estado se constituye en juez y parte de un proceso, el ciudadano pierde esas garantías y queda sumido en la indefensión.
Ese es el caso de la justicia administrativa en la Autoridad Nacional de Aduanas, en la cual los administradores regionales de Aduanas, en cumplimiento del Decreto Ley 1 de 13 de febrero de 2008, actúan como jueces, siendo ellos mismos funcionarios de la aduana y en la mayoría de los casos, sin formación aduanera ni judicial.
La creación del Tribunal Aduanero, a través del Decreto Ejecutivo 425 de 28 de diciembre de 2016, publicado mediante la Gaceta Oficial No. 28190-A del 4 de enero de 2017, viene a ser una solución al problema jurídico administrativo planteado, ya que este tribunal se incorpora como un órgano autónomo a los servicios aduaneros, esto es, se ubica fuera del ámbito administrativo de la Autoridad Nacional de Aduanas, dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Economía y Finanzas, adscrito al Viceministerio de Finanzas.
El objetivo del Tribunal Aduanero es el de ser una segunda instancia en los procesos, superior al servicio aduanero y sin injerencia de este, atendiendo las apelaciones contra las resoluciones emitidas por la Autoridad Nacional de Aduanas, salvaguardando así a los ciudadanos, la garantía constitucional del debido proceso. Al integrarse comercialmente la República de Panamá a Centroamérica, nuestro país está obligado a cumplir con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca), y dicho código ordena la creación de este tribunal, como un órgano de decisión autónomo a los servicios aduaneros.
Sin embargo, siete meses después de la aprobación del Decreto Ejecutivo 425 de 28 de diciembre de 2016, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, no ha realizado el concurso que lleve al nombramiento de los miembros del Tribunal Aduanero, incumpliendo los compromisos que adquirió nuestro país al ingresar al subsistema de integración económica centroamericana.
¿Por qué es importante que se implemente el Tribunal Aduanero a la mayor brevedad posible? Porque la actuación de los funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas afecta a todos los ciudadanos y visitantes de nuestro país. Cada vez que Aduanas retiene sin justificación un contenedor o una carga en nuestros puertos o aeropuertos, genera sobrecostos que encarecen el precio final de la mercancía, que pagamos todos los consumidores.
Incluso los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país establecen la implementación de “un nivel de representación administrativa independiente del empleado u oficina que emite la decisión” y “una revisión judicial” de la determinación. Estos “niveles de decisión” o instancias, son de aplicación imprescindible, para salvaguardar los derechos de los contribuyentes en especial y de los ciudadanos en general y para los efectos jurídicos, tiene que estar ubicado fuera del organigrama de la Autoridad Nacional de Aduanas.
El Tribunal Aduanero debe ser, además, la instancia que genere transparencia y seguridad jurídica, que todos reclamamos hoy en día, en los procesos administrativos que diariamente efectúa la aduana.
La Autoridad Nacional de Aduanas es un ente que en el desarrollo de sus funciones, debe retener mercancías, comisarlas y decomisarlas y todo el proceso administrativo, actualmente, lo manejan funcionarios de la propia aduana, lo que es un contrasentido, puesto que para esos procesos debe existir un tribunal idóneo, con magistrados experimentados cuyos fallos sean objetivos y basados en derecho, lo que la mayoría de las veces no ocurre en la actualidad.
Al retrasarse la implementación de tan importante órgano de decisión, se emiten los fallos que surgen por el desconocimiento de los funcionarios administrativos de la aduana, al aplicar la ley, lo que genera constantes abusos de los administradores regionales de la autoridad aduanera.
Por ello, es imperativo y urgente que el señor ministro cumpla con la convocatoria para los concursos que permitan escoger a los magistrados del Tribunal Aduanero y que este se implemente, lo que redundará en una justa y efectiva aplicación de la justicia administrativa. Recordemos que la justicia tardía no es justicia, y que el primer deber de un funcionario público es el estricto cumplimiento de la ley.
