Estado de derecho

Triste historia de poder, mortalidad e injusticia

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Recurrir a la historia siempre es útil. A pesar de los avances científicos, tecnológicos y demás yerbas, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Por ello, a quienes están en el poder y los que aspiran a estarlo, les convendría repasar una costumbre romana en tiempos del emperador Marco Aurelio.

Al regresar un general victorioso de una batalla, y tras recibir como reconocimiento del Senado un esclavo y una corona de laurel, recorría las calles de Roma en su cuadriga -carruaje pequeño y descubierto tirado por caballos-, siendo vitoreado por el pueblo que le arrojaba flores y otros regalos, que simbolizan el agradecimiento de los romanos por la victoria lograda.

Si la intensidad de las aclamaciones y aplausos subía, el esclavo, quien también viajaba en la carroza un paso atrás del general, sosteniendo sobre su cabeza la corona de laurel, le susurraba al oído “recuerda que eres mortal”.

La singular tarea tenía el objetivo de evitar que el entusiasmo por el triunfo se convirtiera en arrogancia y endiosamiento.

Estoy convencida de que uno de los motivos que provoca que los gobernantes pierdan el norte es el coro de aduladores y serviles que los rodean y que aplauden todas las decisiones tomadas sin atreverse a cuestionarlas, criticarlas o directamente censurarlas. Así, los gobernantes acaban creyendo que son infalibles, todopoderosos. Y no hablo solo del poder público. Pasa en todos los ámbitos.

Ahora, en la recta final de la administración del presidente Juan Carlos Varela, y visto lo visto con quienes llegaron o están por llegar a la Corte Suprema de Justicia, viene a mi mente la costumbre romana. Tristemente, el asunto no se queda en anécdota. Ha sido otro quinquenio perdido para la justicia. Y lo estamos pagando caro.

La Organización World Justice Project acaba de publicar el Índice del Estado de Derecho 2019, en el que participan 126 países y en el que Panamá ocupa el lugar 64. Para que veamos la magnitud de la tragedia, Costa Rica ocupa el lugar 25, Chile 27 y Canadá el 9. Peor que nosotros están Perú (70), Colombia (80), República Dominicana (94), entre otros. Ciertamente, un verdadero Estado de derecho es aún una aspiración para casi todos los países de América Latina. Pero no es consuelo, como bien dice el refrán.

Darle un vuelco a la situación de la justicia y, en consecuencia, al Estado de derecho, ya que son los jueces quienes deben poner en cintura a los que se salgan del redil, no es cosa fácil. Por eso, y tras mucho discutir, se estableció una hoja de ruta en 2005, el Pacto de Estado por la Justicia, con las múltiples y complejas acciones que había que implementar. Obviamente, tras 13 años, el Pacto requiere revisión y actualización. Boicots ha tenido bastantes.

Reconozco que este gobierno sacó el Pacto del cajón donde lo depositó el gobierno de Ricardo Martinelli, al grito “no vamos a cogobernar”. Así, el Órgano Judicial obtuvo más recursos, se implementó el sistema penal acusatorio, se cambió el viejo sistema de corregidores por el de jueces de paz (que marcha con problemas, pero marcha), y se aprobó la Ley de Carrera Judicial que, sin embargo, no se puso en vigencia por razones mucho más oscuras que la falta de dinero alegada por las alturas de la Corte.

La situación es tan absurda, que uno de los magistrados que juzgará a Martinelli, y que llegó a ese cargo sin concurso alguno, trabajó en el Ejecutivo durante la administración de Cambio Democrático, pero no pudo ser recusado.

Ahora, tras la veloz y reveladora ratificación de los ya magistrados Arrocha y Zamorano, tenemos un nuevo elegido por el Ejecutivo para la Sala Penal. No conozco a Luis Fernando Tapia, pero los datos objetivos son que tiene solo 40 años y que entró al sistema penal acusatorio sin concurso alguno; es decir, de la mano de algún magistrado. Sin ejecutoria distinguida alguna, como publicaciones y demás, no fue incluido en la lista presentada por la Comisión del Pacto por la Justicia tras revisar los seleccionados por el Ejecutivo.

La situación es muy triste. Trece años después de la bochornosa crisis que hizo nacer el Pacto de Estado por la Justicia, seguimos en caída libre. Duele que no lo entendieran.

La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana

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