Panamá es un país pequeño pero inmensamente rico por su gente, su ubicación geográfica y las innumerables riquezas naturales y otras creadas con grandes sacrificios de su pueblo pobre, que aporta los recursos que luego son despilfarrados -por y entre- pequeños grupos de poder económico, y por una clase política que cada vez se desprestigia más. Ambos grupos, en sus afanes mezquinos, establecen alianzas de cuyos beneficios no cabrá perdón de Dios. A él no lo podrán engañar ni manipular con clientelismo.
En este país no acaban de empezar a aclararse tantos hechos turbios que ya estigmatizan a su población en otros lares, sin tener esta participación en lo que se les endilga, sobre todo en los últimos años. Los poderes que podrían lavar un poco la cara del país –como la Procuraduría- carecen de los fondos necesarios, mientras estos se dilapidan inmisericorde y descaradamente en manos de funcionarios corruptos. Las investigaciones no prosperan y los delincuentes de cuello blanco –inclusive muchos ni siquiera son investigados- se pasean ante el pueblo y hasta aparecen en los medios ofreciéndose para “servirle” al país que, en su momento y a sabiendas, le robaron y esquilmaron.
Las tan necesarias reformas electorales están trancadas por los mismos responsables y beneficiarios diputados, pagados con sobrecosto y beneficios inmerecidos, que jamás darán los pasos para limpiar cuanto los cobija, salvo alguna rara excepción. Constituye una afrenta superlativa que una misma persona pueda ser candidato, y elegido, para dos cargos a la vez, y con suplentes. Así como este absurdo, existen otras graves anomalías que sin una Constituyente originaria nunca podrán ser corregidas. Otro ejemplo apenas de tales irregularidades acaba de darse con la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, que renunció a un partido político para ser candidato, como otros lo han hecho. El electo, quien tiene cuentas pendientes, no solo con esa asamblea, sino con el pueblo y leyes vigentes, lo que lo descalificaría para el cargo. Ninguno de los actuales magistrados tuvo experiencia anterior, lo que es necesario para ese cargo es tener capacidad, solvencia moral y formación. Y así podrá darse en la nueva elección del director o directores de la CSS, propiedad de los asegurados y convertida en botín político, y todo quedará igual, porque “no está escrito en piedra” sino en la carne y la vida de un pueblo impotente. Su junta directiva, inoperante y cómplice de tantas anomalías, también debe ser cambiada. El gobierno tiene el deber y la oportunidad de realizar los cambios necesarios para honrar la memoria de su fundador y cumplir con el pueblo cotizante. Los “beneficiarios” deben ser regulados por su cantidad, edad y servicios a prestarles. La CSS no fue creada para ser colchón del Estado en materia de salud pública. Esos recursos deben ser utilizados para una atención de calidad y pagar jubilaciones dignas y no de limosneros; tampoco arbitrarias e ilegítimas como la de los comisionados. Por otro lado, en Panamá basta con un diputado por provincia para acabar con estos vergonzosos hechos y ahorrarnos millones de dólares necesarios para otros deberes del Estado. La atención comunitaria es función de los representantes, y los diputados deben atenerse a cumplir con las funciones para lo que fueron electos y no para ejercer otros cargos, eso no es ético.
Hay quienes consideran que se le mintió al presidente en los datos que presentó en su “nuevo” informe de 2016 al país. Las inversiones necesarias no se han cumplido y algunos megaproyectos no son prioritarios y hasta son catalogados de demagógicos. Representantes idóneos del sector agropecuario muestran pruebas de que han sido más golpeados que ayudados por la actual administración, en beneficio de comerciantes e importadores e insisten en que el presidente, como es su deber, los reciba y no sentarse en un diálogo de sordos, sino como partes interesadas en lograr soluciones a un sector vital para la sostenibilidad de la vida de la república. Hacemos votos porque esto se dé, basados en la capacidad y calidad humana del presidente.
Se desaprovecharon las aguas lluvias y fueron a parar al mar. ¿Donde están los cerebros que asesoran al presidente? Aprovecharlas debió ser prioritario, fue, además una promesa. La naturaleza nos la regaló, como tanto que el Señor nos regala, y la botamos. Ahora, el pueblo a pagar las consecuencias. Las mafias del delito han aumentado y modernizado con miles de importados y la corrupción y el sistema penal acusatorio les contribuyen.
La imagen y soberanía del país ha sido mancillada por intereses externos y eso no puede tolerarse. Somos pequeños, pero no por eso debemos permitir tales desmanes, vengan de donde provengan.