La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, señaló en declaraciones a los medios de comunicación que la Dirección de Investigación Judicial, (DIJ) estaba desmantelando el equipo de investigadores que trabajan con las fiscalías anticorrupción. Es en esas fiscalías en las que se judicializan los casos de alto perfil y de mucho impacto para la ciudadanía, tales como FCC, Odebrecht, Blue Apple, traslados de partidas a juntas comunales, Pandeportes y otros.
La procuradora detalló que 20 investigadores habían sido trasladados y que, en su lugar, habían nombrado personal relacionado con el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) durante la administración de Ricardo Martinelli. Incluso, recordó que el actual director de la DIJ, Manuel Castillo, trabajó durante la administración de Ricardo Martinelli como director de la DIJ.
El Ministerio de Seguridad no tardó en emitir un comunicado, desestimando las declaraciones de la procuradora y justificando los traslados como meros temas de administración de personal.
Desde el año 2007, la Policía Técnica Judicial pasó a ser la DIJ y a ser parte de la Policía Nacional. Ellos son los encargados de hacer todas las investigaciones de campo de los casos que judicializa el Ministerio Público. Son el brazo ejecutor, por lo que, truncando ese brazo, se truncaría también la capacidad de los fiscales de avanzar en la judicialización de los casos.
En un país donde se utiliza el sistema penal acusatorio, donde las medidas cautelares son decididas por jueces de garantía, es indispensable que tanto la Dirección de Investigación Judicial, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sean instituciones independientes. Con esto, se evitaría la intromisión del Órgano Ejecutivo en la persecución del delito, especialmente, en los delitos de corrupción.
El artículo 9 de la ley que rige la DIJ detalla claramente que “los miembros de la Dirección de Investigación Judicial no podrán ser separados o apartados de la investigación específica que les haya sido encomendada, hasta tanto esta finalice o mientras tanto no concluya la fase procesal en la que hubiera requerido su intervención”. Si el motivo del traslado de los investigadores fue la cantidad de vacaciones acumuladas, ¿por qué mandarlos todos a la vez sin coordinar previamente con los fiscales del Ministerio Público? ¿Si no han tomado vacaciones en cinco años, por qué no programarlas con la anuencia de los fiscales? ¿Por qué el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público no han podido llegar a un entendimiento sobre las vacaciones de los investigadores? ¿Es correcto que el Órgano Ejecutivo decida qué investigador se asigna a las investigaciones de corrupción?
No puedo afirmar que esta acción pueda ser definida como desmantelar las fiscalías anticorrupción; lo que es innegable es que se trata de una grave alarma sobre la independencia de las investigaciones y la continuidad de los casos de corrupción.
Este no es un tema de personas, no estamos debatiendo la capacidad u objetividad de la procuradora Kenia Porcell, o los conflictos de interés que pueda tener el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, o si el director de la Policía Nacional y el director de la DIJ trabajaron durante el gobierno de Ricardo Martinelli; es un tema de respetar las leyes y la independencia de las instituciones. Una de nuestras mayores debilidades es la falta de independencia institucional y la ausencia de castigo, especialmente en investigaciones de corrupción de alto perfil.
Lo actuado puede y debe ser revisado con objetividad, alejado de juicios de valor sobre las personas. La independencia del Ministerio Público es crucial para garantizar el Estado de derecho. Un enfrentamiento entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público es innecesario, y más en estos momentos, cuando se admitió un caso contra Panamá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber destituido a la licenciada Ana Matilde Gómez de la Procuraduría de la Nación durante el gobierno de Ricardo Martinelli. No repitamos ese oscuro capítulo de nuestra historia, especialmente en momentos en los que estamos siendo mal evaluados internacionalmente por nuestra debilidad institucional.
Si no respetamos las leyes e instituciones establecidas, no lograremos un verdadero Estado de derecho, y no lograremos la paz social.
La autora es miembro de Movin y conductora de ‘Sal y pimienta’.