En Coclesito, distrito especial Omar Torrijos Herrera, una empresa local de suministro de mano de obra tenía 25 colaboradores hasta el cierre abrupto de la mina en noviembre de 2023. Perdieron su trabajo 23. En abril de este año reincorporó a 15, al amparo del permiso que autoriza procesar el mineral ya extraído, con contratos atados a ese permiso y no a un empleo estable. Las cifras me las confirmó su propietario, Abel Oliveros. Es una de cientos de empresas afectadas en las comunidades vecinas.
Soy proveedor de la industria y miembro de APIMPA. Escribo a favor de que Panamá vuelva a operar esa mina, pero con cuatro condiciones.
La Ley 407 del 3 de noviembre de 2023 prohíbe otorgar, renovar o prorrogar concesiones metálicas; sin embargo, el artículo 257 de la Constitución contempla que las riquezas del subsuelo se aprovechen mediante empresas estatales o mixtas, además de por concesión o contrato, y siempre de conformidad con la ley. De ahí que el Gobierno estudie crear una minera estatal, según publicó este diario el 23 de julio de 2026. La ruta está abierta, y por eso las condiciones hay que fijarlas ahora.
Hay un argumento que se usa a favor y que no se sostiene. Un yacimiento a cielo abierto tiene relaves, obras de contención y roca expuesta capaz de generar drenaje ácido, y eso exige gasto por décadas, pero se financia con la garantía de cierre, que debe existir**, opere o no la mina**. Lo relevante es el empleo formal en distritos donde no hay otra actividad que lo reemplace y los ingresos fiscales que el país todavía no ha determinado cómo sustituir. Ninguno de los dos vale si las condiciones ambientales no se cumplen.
El informe final de la auditora SGS, entregado el 19 de junio de 2026 y publicado por el Ministerio de Ambiente, sitúa el cumplimiento general en un 87.73%. El cuarto componente, el de riesgos actuales y pasivos ambientales futuros, obtuvo un 81.70%, la calificación más baja de los cuatro.
El 29 de julio, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza revisó ese informe. Concluyó que más del 40% de los compromisos carece de evidencia suficiente en los anexos publicados, que los resultados de laboratorio del Ministerio de Ambiente de 2026, con excedencias en parámetros de agua, quedaron fuera del análisis y que no se verificó un protocolo de emergencia para las comunidades aguas abajo. Quien esté a favor tiene que responder a eso.
La Conferencia Episcopal Panameña ha planteado preocupaciones legítimas que mucha gente comparte, y el agua está en el centro de todas. Laudato si’, del 24 de mayo de 2015, les da respaldo en su número 185, donde sostiene que el agua es un derecho fundamental que supera todo análisis de impacto ambiental de una región. Aquí la discusión no es de consumo**,** sino de calidad, que es donde aparecieron las excedencias. Esa misma encíclica, en el número 187, admite que el resultado puede ser no avanzar y también modificar el proyecto o buscar alternativas.
Las cuatro condiciones salen de ahí. Umbrales públicos de calidad del agua en las cuencas de Donoso, medidos en línea, con un protocolo que obligue a parar el proceso que origine una excedencia hasta corregirla. Verificación independiente de la estabilidad de los relaves, que el tomo 9 califica como conforme pese a deficiencias en el monitoreo geotécnico. Un protocolo de emergencia verificado para las comunidades aguas abajo, con participación de Donoso y Coclesito en el monitoreo. Y la garantía financiera de cierre, con cobertura del poscierre, constituida por el operador antes de cualquier decisión y con respaldo suficiente para que el costo no recaiga sobre el Estado. Sin esas cuatro, no debe reabrir.
Decida el país abrir o cerrar, las comunidades afectadas por el desempleo necesitan una respuesta que nadie ha puesto por escrito. La Comisión ministerial de Alto Nivel anunció el 13 de julio que llevará su recomendación al presidente antes de que termine el año. Ese mismo día, según este diario, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que «no tomar una decisión no hace que el problema desaparezca».
El autor es miembro de APIMPA, Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña.
