Una semana más en la que volvemos a evidenciar la precariedad de nuestro sistema educativo. Me gustaría poder decir que avanzamos por el buen camino, que a través de nuestros estudiantes aseguramos un futuro prometedor… pero la realidad dista mucho de eso. No se trata de pesimismo, sino de hechos contundentes.
La reciente riña en el colegio José Guardia Vega, en Colón, en la que cuatro estudiantes resultaron heridos con arma blanca, es un recordatorio doloroso de la creciente violencia en las escuelas. Según reportes policiales, el ataque ocurrió durante un altercado aún bajo investigación y generó momentos de pánico entre la comunidad educativa y los padres de familia.
Estos episodios no son aislados. Según la Unesco, en su informe Safe to Learn and Thrive (noviembre de 2024), la violencia escolar afecta a mil millones de niños, niñas y adolescentes cada año. Uno de cada tres estudiantes experimentó acoso escolar en el último mes, mientras que el 36% estuvo involucrado en peleas físicas con compañeros durante el año.
La situación en América Latina es particularmente crítica. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Unesco, el 38% de los estudiantes del Caribe y el 26% de Centroamérica informaron estar involucrados en una pelea física. Además, el 58% de los niños en América Latina sufrieron alguna forma de abuso físico, sexual o emocional en el último año.
Las Américas tienen la tasa de homicidios más alta del mundo para menores de 18 años: 5.8 por cada 100,000, más del triple del promedio mundial.
En México, el 24% de los estudiantes han sido víctimas de acoso escolar; en Argentina, el 30% ha experimentado violencia física o verbal. En Estados Unidos, solo en 2024 se registraron 219 incidentes con armas de fuego en escuelas, dejando 59 víctimas fatales. Aunque Panamá no enfrenta esta magnitud, ignorar las señales de alerta sería un grave error.
Un arma es cualquier objeto utilizado para causar daño físico o psicológico. Portar armas en la escuela refleja la creencia equivocada de que la violencia es un medio aceptable para resolver conflictos, vinculándose con frecuencia a pandillas y al tráfico de drogas.
El ciberacoso afecta a uno de cada diez estudiantes a nivel global, trascendiendo los espacios escolares y persiguiendo a las víctimas en su vida cotidiana.
Las causas son profundas: desintegración familiar, abandono emocional, baja autoestima, necesidad de pertenencia y exposición a violencia intrafamiliar. Como señala Yarelkis Navarro (2021), en su estudio sobre el riesgo social asociado al pandillerismo, estos factores aumentan la vulnerabilidad juvenil. A ello se suma la falta de atención del Estado hacia la niñez y la adolescencia.
Según el Ministerio de Educación (Meduca), la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos atiende casos relacionados con problemas familiares, bajo rendimiento académico, conductas conflictivas, violencia y acoso escolar.
En 2022, Panamá aprobó la Ley 285, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, a nivel mundial solo 32 Estados cuentan con un marco jurídico completo contra la violencia escolar, y 793 millones de escolares viven en países donde no están prohibidos los castigos corporales. De poco sirve contar con marcos legales sin garantizar su cumplimiento efectivo.
Las consecuencias de la violencia escolar van más allá del daño inmediato: mayor riesgo de abandono escolar, problemas de salud mental y dificultades en las relaciones sociales. Las probabilidades de sufrir soledad severa, insomnio e ideas suicidas se duplican por efecto del acoso.
En noviembre de 2024, durante la Primera Conferencia Ministerial Mundial en Bogotá, más de 100 gobiernos asumieron compromisos históricos. El director de la OPS advirtió que “al final de cada día, más de 200 niños, adolescentes y jóvenes habrán fallecido por homicidio en las Américas”.
El papel de docentes, directores y adultos responsables es determinante para transformar la violencia escolar, promoviendo entornos basados en el respeto y la empatía. La sociedad debe garantizar espacios seguros dentro y fuera de las aulas.
Con mil millones de niños afectados globalmente, no podemos permitir que la inacción siga robando vidas y oportunidades. La evidencia demuestra que la violencia se puede prevenir. Tenemos las soluciones y el conocimiento. Lo que necesitamos es la voluntad colectiva para actuar.
El autor es miembro de Jóvenes Unidas por la Educación.
