De rechazar la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 163, el gobierno tiene la obligación de cubrir la diferencia necesaria para el pago de las pensiones a las que tienen derecho los jubilados y pensionados. Según cifras oficiales, faltan mil millones de dólares para honrar ese compromiso.
En su mensaje a la Nación, el presidente Mulino exhortó nuevamente a los diputados a aprobar la Ley que busca mejorar la atención médica, reducir el costo de los medicamentos y resolver la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Los diputados de la comisión han manifestado su disposición a reformar la propuesta del Ejecutivo. Reconocen que el programa de pensiones requiere atención urgente y han expresado que sustentarán sus propuestas con el apoyo de técnicos en economía, contabilidad y actuaría.
Sobre la atención médica, un problema de larga data, la Ley tiene un alcance limitado. Esta situación se debe a una cultura administrativa marcada por la burocratización, la falta de supervisión y la ausencia de evaluaciones y capacitaciones permanentes. Estos factores explican la deficiente atención en los servicios públicos.
Respecto a los altos precios de los medicamentos, el problema no radica en una supuesta “mafia de funcionarios” en la Caja de Seguro Social (CSS). Los precios están determinados por una élite empresarial oligárquica que financia campañas electorales y políticos para proteger sus intereses. Paradójicamente, el Gabinete del presidente incluye ministros y asesores vinculados a este sector empresarial, lo que dificulta una solución efectiva.
La verdadera crisis de la Caja está en el programa de IVM. Resolverla es vital para la economía nacional. Según el gobierno, se requieren mil millones de dólares para evitar el colapso. Entre las propuestas presentadas están: aportar 300 millones de los fondos del Canal, aumentar en tres puntos porcentuales la contribución empresarial, elevar la edad de jubilación y entregar los fondos de pensiones a operadores privados de inversión. Sin embargo, la experiencia de crisis financieras pasadas y la desconfianza generada hacen que esta opción sea inviable.
Adicionalmente, se plantea la reducción del sector público mediante despidos masivos, lo que contradice las promesas electorales de mejorar las condiciones económicas de la población. Estas medidas solo generarían mayor precariedad sin ofrecer soluciones efectivas.
El desafío que enfrentan los legisladores, tanto oficialistas como opositores, después de escuchar a los ciudadanos, es no aprobar una propuesta llena de interrogantes. Las medidas paramétricas o modelos que debiliten la solidaridad generacional han sido rechazados por la mayoría de la población.
Expertos en actuaría, economía y contabilidad coinciden en que los informes presentados por el director de la CSS presentan fallas que dificultan realizar proyecciones objetivas sobre el futuro del programa IVM. Además, el sistema mixto introducido por la Ley 51, la pandemia y la falta de inversiones han deteriorado el sistema de pensiones, afectando la solidaridad generacional, uno de sus pilares fundamentales.
Informes del Banco Mundial y declaraciones del ministro Chapman señalan que el problema más grave de la economía es la evasión fiscal y el desvío del ITBM recaudado por empresarios que no lo entregan al Tesoro Nacional. En 2023, esta evasión representó una pérdida de ocho mil millones de dólares para el fisco, monto que podría cubrir ocho veces el déficit de la CSS en un solo año.
El modelo tributario actual se ha convertido en una herramienta a favor de élites privadas. Si los diputados legislaran para combatir esta situación, modernizando el sistema tributario, se podría superar la crisis de la CSS y del país. Esto permitiría buscar soluciones actuariales sin necesidad de aumentar impuestos ni aplicar medidas que afecten a la población. Una nueva Ley sería clave para enfrentar a estas mafias empresariales y gobernar en beneficio del país entero, no de intereses parasitarios.
El autor es jubilado y exsecretario general del PRD.
