Una de las faltas más graves a la ética que puede cometer un abogado es abusar del derecho a la defensa para interponer recursos absurdamente dilatorios para lograr la prescripción de un proceso judicial. Con estas acciones intentan garantizar la impunidad. El Colegio Nacional de Abogados deberían revisar sus conductas.
¿Cómo es posible que algunos abogados se presten para estas acciones dilatorias? Y lo peor de todo es que presentan argumentos sin sustancia jurídica para prostituir el derecho a la defensa y obstaculizar el proceso judicial, desviando uno de los principios de este derecho, que es demostrar la inocencia de sus defendidos.
Es lamentable que algunos jueces no se den cuenta de esto y avalen este tipo de conductas, permitiendo que se suspendan las audiencias por situaciones que no requieren que eso suceda.
El caso en el que más se ha abusado del derecho a la defensa es el de Ricardo Martinelli. Su defensa se ha dedicado a entorpecer el proceso penal presentando recursos con argumentos sin ninguna sustancia, irrespetando la lealtad procesal.
Desafortunadamente para la defensa, el magistrado Jerónimo Mejía se les paró firme y no se dejó amedrentar. Espero que los demás jueces tomen su ejemplo de ahora en adelante, siempre que se cumpla con el debido proceso. Ahora han llegado dos denuncias a la Asamblea Nacional contra Mejía y el fiscal Harry Díaz por supuestamente ejercer dos cargos públicos, que no son más que otro intento por obstaculizar el proceso judicial que se le sigue a Martinelli.
Al igual que en el caso de Martinelli, existen otros casos en los que se ha reflejado esta práctica desleal, como el de Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, que lo único que logra es que muchos casos queden sin certeza de castigo, lo que hará que la ciudadanía pierda su confianza en el sistema judicial.
El Órgano Judicial debe poner un alto a esta acción, y eso solo se puede lograr cuando los jueces sancionen a aquellos abogados que dilaten los procesos judiciales de esta forma.
Urge también que se apruebe la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para que los procesos judiciales no terminen antes de un juicio y se logre certeza del castigo.
El autor es ciudadano