AUDIENCIA DE HOMOLOGACIÓN

Los acuerdos de Odebrecht

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Los acuerdos de Odebrecht

El pasado 9 de noviembre estuve en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, representando a la Alianza Estratégica Nacional (AEN), en la audiencia de homologación de los acuerdos de colaboración eficaz pactados entre el Ministerio Público y los “colaboradores” de Odebrecht. La AEN es una organización conformada por más de 98 organizaciones que aglutinan grupos indígenas, ambientalistas, campesinos, sindicales e intelectuales, por lo que para mí fue un inmerecido privilegio. Como de costumbre, la audiencia no comenzó a la hora fijada. Después de más de 10 horas extenuantes, los tres acuerdos de “colaboración eficaz” fueron aprobados por el juez Óscar Carrasquilla.

Estos acuerdos de delación premiada constituyen un instrumento al servicio de la justicia penal que ayudan en la obtención de elementos probatorios difíciles, facilitando la investigación y, en general, la persecución de delitos gravísimos y de fuerte impacto social. El jurista Carlos Saiz Díaz nos dice que “ la declaración premiada consiste en un acuerdo alcanzado por el investigado (acusado o condenado) por la comisión de un delito, y el Estado, titular del ius puniendi, a través del Ministerio Fiscal, en el que, a cambio de la confesión o la prestación de información relevante, se ofrecen al presunto delincuente determinados beneficios, que pueden consistir en la rebaja de la pena, o incluso su remisión total en los casos de colaboración especialmente importantes, y también en la retirada de la acusación, con el consiguiente sobreseimiento de la causa o, previamente, en la decisión de no acusar al delator”. Esta figura es una herramienta efectiva en la lucha contra el crimen organizado.

La homologación de los acuerdos de colaboración eficaz concretados el 9 de noviembre constituyen un avance en la persecución contra los actos de corrupción cometidos por la constructora Odebrecht en contubernio con altos exfuncionarios del gobierno pasado y particulares. Ese drama de corrupción nunca hubiera sido posible sin la participación criminal de algunos bancos locales e internacionales. La figura de la delación premiada se introdujo al sistema jurídico panameño vía la implementación del sistema penal acusatorio (SPA). Como quiera que las investigaciones de corrupción relacionadas con Odebrecht eran anteriores al 1 de septiembre de 2016, fecha en que entró en vigencia el SPA en el Distrito Judicial de Panamá, fue necesaria la promulgación de la Ley 4 de 2017, que reformó el Código Judicial y el Código Penal. El artículo 24 de dicha excerta legal viabilizó los acuerdos de pena y de colaboración eficaz.

En esa audiencia pública, el juez Carrasquilla aprobó los acuerdos de colaboración pactados entre el Ministerio Publico (MP) y Odebrecht en el proceso que se le seguía a André Luiz Campos Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo da Rocha. En este acto se reveló cómo el Departamento de “Operaciones Estructuradas” de la constructora forjó un esquema de gran corrupción que pagaba sumas millonarias en concepto de sobornos para obtener contratos de grandes obras en Panamá. De este complejo sistema de corrupción –según los delatores- se “beneficiaron” los hijos de Ricardo Martinelli, José Domingo Arias, Frank De Lima, Demetrio Papadimitriu, Jorge Alberto Rosas, Jaime Ford, entre otros.

Los reproches que le formulamos a los acuerdos de delación premiada que fueron validados por el juez son: que se le concedió un término excesivo de 12 años para pagar la multa de 220 millones de dólares a Odebrecht, y si los perjuicios cuantificados fueron causados en 4 años (2010-2014), en ese mismo tiempo deben resarcirlos. Además, el “colaborador” (delator) no se compromete a servir de testigo en el juicio. Esto desnaturaliza la figura, ya que en los acuerdos de colaboración el delator se convierte en testigo de cargo y, por ende, debe participar en el juicio plenario.

Me resultó chocante que una de las cláusulas del acuerdo establezca que el MP se obliga a no iniciar otras investigaciones contra la constructora y el delator distintas a las del proceso sub iudice, es decir, caso cerrado y archivado. Amargo resultó para los istmeños que solo se circunscriba la investigación penal al período de Ricardo Martinelli, sabiendo que Odebrecht llegó de la mano de Martín Torrijos, y continúa del brazo de Juan Carlos Varela.

Ahora, para aumentar la desconfianza nacional en la justicia, se anuncia que las próximas audiencias de homologación de los acuerdos de colaboración o de pena serán a puertas cerradas. Al amparo del secretismo trabaja la corrupción y la impunidad.

Recordemos a Mirabeau, líder de la revolución francesa: “ dame el juez que querráis, mi mayor enemigo si os place, con tal que no pueda verificar acto alguno sino en público”.

El autor es abogado.

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