Es alentador el esfuerzo del Gobierno Nacional para que Panamá se adhiera a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que cuenta en la actualidad con 38 países miembros.
Esta adhesión, en resumen, nos trae como ventajas la mejora de la imagen y reputación del país, el acceso a información y conocimiento útil, la participación en la elaboración de políticas de conveniencia nacional e internacional, la posibilidad de recibir asesoramiento y asistencia técnica, así como el incremento de oportunidades de comercio e inversión, tanto a nivel nacional como internacional.
La adhesión de Panamá a la OCDE implica un esfuerzo largo, denodado, costoso, riguroso y exigente del sector público, el sector privado y la sociedad civil de nuestro país. Largo, porque toma en promedio entre cinco y ocho años. Denodado, porque el examen de admisión incluye al menos 185 aspectos en 25 temas distintos de carácter económico, político, social y administrativo, cada uno de los cuales debe abordarse desde cinco ángulos diferentes; es decir, tenemos la tarea de responder a 925 requerimientos. Costoso, porque los gastos del proceso de adhesión, tanto de Panamá como de la OCDE, corren por cuenta del país. Riguroso, porque está dirigido por los altos estándares técnicos de los comités especializados de la organización. Exigente, porque impone numerosos requisitos legislativos y regulatorios internos que debemos adoptar y someter a debate ciudadano.
Más que una carrera corta y veloz, la adhesión a la OCDE es una maratón de campo traviesa. En sentido figurado, el camino está lleno de obstáculos: tramos lodosos, pedregales, ciénagas, curvas resbaladizas, lomas empinadas, animales agresivos a los lados de la ruta, lluvias intermitentes y arenas movedizas. ¿Al final, cuánto tiempo y a qué costo?
El ingreso a la OCDE supone dos compromisos convergentes y complementarios del Gobierno, el sector privado y la sociedad civil: uno con la OCDE, y otro con el propio país, que implica un inventario quirúrgico de leyes que sobran y leyes que faltan.
A manera de ejercicio comparativo, pensemos en multiplicar por varias veces la tensión social, económica y política que aún nos genera la reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social. Y luego, sumemos el efecto de que desde el propio Estado se mantengan engavetadas normas como la ley de extinción de dominio y otras que permitirían mejorar la recaudación tributaria y el uso eficiente de los recursos públicos. Muchos callos serán pisados. Se escucharán chillidos. No será fácil.
Confío en que estas cortas y apretadas líneas nos traigan a la memoria el sabio refrán: en guerra avisada no muere soldado.
El autor es consultor en asuntos económicos y bancarios.
