La reciente declaración de la ministra de Educación respecto a la creación de un Viceministerio de Infraestructura Educativa (La Prensa, 1/2/2017) crea un precedente institucional, por tratarse del único ministerio, con tres viceministerios, sin que aún se logren resultados satisfactorios en materia de calidad educativa.
El anuncio inesperado de la demolición de la escuela República de Venezuela y del Instituto Comercial Bolívar –por asuntos de seguridad–, cuando faltan escasos días para el inicio del año escolar, es indicativo de la ausencia de planificación y mantenimiento.
Sorprende más conocer que otros planteles en peores condiciones infraestructurales seguirán funcionando, además de las centenares de escuelas (y aulas) rancho y multigrado instaladas en iglesias y organizaciones comunitarias.
Un alto porcentaje de los planteles son víctimas de plagas de roedores y murciélagos, lo que acarrea graves consecuencias a la salud. Otros no disponen de pupitres, tableros, servicios sanitarios ni energía eléctrica, sobre todo, los que están ubicados en las comarcas y áreas rurales.
El problema de la infraestructura comienza en las propias instalaciones del Ministerio de Educación (Meduca), desde 1995, inaccesible al público, ubicado frente al cementerio de Corozal, y con un clima laboral insatisfactorio. Por otra parte, la Dirección Regional de Panamá Centro trabaja en las mismas instalaciones del Instituto Bolívar, igual ocurre con la dirección de San Miguelito (en La Gran Estación) y en varias direcciones que ocupan edificios enfermos, ubicados en Clayton.
Todo indica que se carece de políticas sociales y educativas de vigilancia y mantenimiento preventivo, consistentes y sistemáticas, que eviten el deterioro de los edificios. Decenas de planteles educativos datan de principios de la república, sin que hayan recibido mantenimiento adecuado. Según las declaraciones de un exministro –ingeniero civil–, no hay un registro documental de los planos de las escuelas que permita hacer, de manera eficiente, las ampliaciones y el mantenimiento escolar.
Otro factor que agudiza la agonía creciente de los planteles es el calendario escolar que –a diferencia de otras épocas– impide realizar reparaciones en periodo de vacaciones. Los beneficiados son los dueños de los locales comerciales que logran onerosos contratos anuales.
El Fondo de Calidad y Equidad de la Educación permite emplear sus recursos en reparaciones menores, pero ante la incapacidad administrativa de muchos directores para manejarlos, con eficiencia oportuna, la crisis se agudiza.
A causa de la ola de vandalismo, la cultura de destrucción de los propios estudiantes (sin que se exija a los padres de familia pagar los destrozos) y por los constantes cierres de calle, las clases se suspenden y nunca se recuperan.
¿No resultaría más efectivo nombrar a celadores en los centros educativos con mayor matrícula, en lugar de crear otro viceministerio para que “todo siga igual”?
¿Por qué el Meduca no gestiona la ley vigente en materia de robo a la propiedad estatal, particularmente, en los centros educativos?
Hay planteles que atienden dos y hasta tres turnos, con una alta matrícula y el deterioro progresivo de sus instalaciones. El Gobierno se ha comprometido a construir 50 centros educativos y eliminar las escuelas rancho. Se trata de un reto complejo, ante la escasa supervisión y conducta indiferente de la comunidad educativa.
Las estadísticas de 2010 (no hay datos actualizados al respecto), indican que son pocas las escuelas que disponen de los espacios físicos de apoyo a la enseñanza, como salones de cómputo, bibliotecas, laboratorios y talleres. Según la Unesco, la relación entre la infraestructura educativa, aprendizaje y rendimiento de quienes estudian en establecimientos con mejores condiciones es favorable, pues se sienten más motivados para asistir a clases, que aquellos que lo hacen en instalaciones carentes de servicios básicos.
Urge darle relevancia a los edificios y al mobiliario escolar, mediante un plan de prioridades, tanto de mantenimiento como de construcción. La solución no es crear más burocracia, sino tener la voluntad política para innovar el funcionamiento del proceso de ingeniería y arquitectura del Meduca.
