Panamá enfrenta una crisis multidimensional sin precedentes, que ocasiona protestas sociales que, aunque justificadas, parecen nunca desaparecer. Las interrupciones educativas, el desempleo —especialmente juvenil— y el desafortunado desarrollo económico del país han aumentado. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre una crisis silenciosa: el agua y su impacto en la salud pública panameña.
La contaminación de los ríos La Villa y Estibaná con materia fecal, agroquímicos y metales pesados mantiene a la región de Azuero sin agua potable. No es un problema nuevo; es un problema conocido e ignorado por años que, en consecuencia, se ha convertido en una “urgencia multifactorial”, como lo ha calificado el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.
Puerto Armuelles, Chiriquí, recibe un pequeño porcentaje de “agua potable” llena de lodo, una crisis que se remonta a 2014 y afecta a más de 20,000 habitantes. En un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en 2021, en el Calabacito, Herrera, se determinó que el 50% de los hogares tenía conocimiento de las enfermedades de origen hídrico por falta de tratamiento del agua para el consumo humano. Las provincias de Darién y Bocas del Toro, incluyendo las comarcas, recurren al agua de ríos sin tratamiento por falta de infraestructura hídrica.
En áreas más urbanas, como La Chorrera, Arraiján y Burunga, en Panamá Oeste, “el agua no llega, y si llega, es solo por 35 minutos” (La Crítica, 2021). Comunidades de la Ciudad de Panamá, como San Miguelito, Las Mañanitas, Bethania y Carrasquilla, cuentan con redes obsoletas que afectan el suministro efectivo con gran regularidad. En zonas periféricas se afirma que “ha sido así desde 2022”.
En Panamá, garantizar el acceso universal y seguro al agua no es solo un mandato constitucional que se fundamenta en un tema de infraestructura: es una emergencia de salud pública que multiplica los riesgos de enfermedades parasitarias, dérmicas, respiratorias, zoonóticas y muchas otras.
Es inaceptable que, en pleno 2025, los panameños vivan experiencias repetidas que se remontan a 1904, cuando el agua era considerada un lujo y la mayoría de la población dependía de fuentes contaminadas. Su obtención más saludable dependía de “los aguadores”, o como hoy los conoceríamos, el negocio de los carros cisterna.
El Banco Mundial señala que, para subsanar las deficiencias en la cobertura sanitaria y cumplir con las metas de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los países deben aumentar el gasto destinado a la atención primaria en al menos un 1% de su producto interno bruto (PIB) (Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua [ALADYR], 2024). Sin embargo, en 2024, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) habría recibido apenas el 44% del presupuesto solicitado (La Prensa, 2024).
La voluntad política y el trabajo interinstitucional del IDAAN, el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y otros involucrados es fundamental para que, desde la ingeniería sanitaria y la gestión pública del país, se pueda transformar el sistema reactivo y fragmentado actual en un modelo sostenible, con soluciones que combinen lo técnico, institucional y comunitario.
Es fundamental priorizar la inversión estructural focalizada y equitativa, especialmente en rehabilitación y mantenimiento, y hacer énfasis en el monitoreo químico y microbiológico desde el aspecto epidemiológico de la calidad del agua. Se requiere más educación, mayor capacitación comunitaria y campañas sanitarias, así como transparencia en los datos públicos, establecida como política de Estado.
El agua no gestionada adecuadamente termina siendo atendida en hospitales; si no se invierte en prevención, la sociedad acaba pagando el precio de una población enferma.
Es una invitación a la reflexión también para la ciudadanía, que en conjunto debe crear conciencia y proteger las cuencas hídricas y los recursos naturales comunitarios. El cambio es urgente para proteger vidas, recursos y desarrollo nacional. Una tarea de todos, no de algunos.
La autora es ingeniera civil y forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación.
