La lengua del presidente volvió a enredarlo la semana pasada durante la presentación de su primer informe a la Nación, cuando afirmó, y cito: “Es insufrible vivir con la tanda de vagos que hacen carretera y fila en los ministerios sin tener oficio, cobrando un sueldo”. Además, agregó que esas “botellas” no pueden ser despedidas porque están protegidas por leyes especiales. Vuelvo a citarlo: “No se pueden botar porque son cojos, tuertos, mudos, sufren de presión alta, etc. Y ahí están, vegetando a costa del Estado y de los panameños con sus impuestos”.
Destaco tres aspectos de esa declaración, comenzando con el de fondo. Es cierto que muchos usan discapacidades menores o enfermedades comunes como la presión o el azúcar alto para justificar no trabajar y evitar ser despedidos. Solo en la Defensoría del Pueblo, el 48% de los funcionarios están protegidos por leyes especiales. ¿Cuántos están registrados en el Senadis? No sabemos, porque la ley ni siquiera exige eso. Solo pide una certificación médica.
Esto no se trata de quitarle el derecho al trabajo a las personas con discapacidad, sino de dejar de permitir que enfermedades comunes sean excusa para cobrar sin trabajar. Si no trabajan y cobran, son botellas, tengan o no discapacidad.
El problema es la mala ejecución de las normas: la Ley 42 de 1999 (que prohíbe la discriminación laboral) y el Código de Trabajo, que complica los despidos injustificados y acaba protegiendo la ineficiencia. Y, claro, hay que reformar o al menos implementar mejor la Ley de Carrera Administrativa, que solo abarca a 10 mil de los 258 mil funcionarios en planilla, mientras el sistema clientelista sigue frenando su implementación plena. Son 10 mil de carrera administrativa y 65 mil con leyes especiales, que en teoría tendrían algún tipo de fuero. Todavía quedan 183 mil funcionarios de libre nombramiento y remoción, donde lo más probable es que estén las botellas.
Lo mismo ocurre con la Ley 59 de 2005, que protege a quienes padecen enfermedades crónicas tratables, pero estas no representan una discapacidad permanente. No pueden seguir siendo usadas para perpetuar el juega vivo.
Ser botella no es solo un problema administrativo: es un delito. Si se demuestra que alguien es una botella, así tenga todas las enfermedades del mundo, debe ser destituido con causal y judicializado. La pregunta es: ¿por qué no ocurre?
El otro punto de la declaración del presidente fue el tono despectivo que usó hacia las personas con discapacidad. Sus términos fueron ofensivos y discriminatorios, generando una avalancha de críticas válidas. Está mal que una autoridad use un lenguaje insensible, especialmente hacia un grupo vulnerable que ha luchado por sus derechos. Podrá ser el último político de esta generación, como ha dicho él, pero eso no excusa el uso de términos anticuados.
Dicho eso, el presidente confundió peras con manzanas. No todas las botellas tienen discapacidad, ni todas las personas con discapacidad son botellas. El problema no es su condición, sino el amiguismo y la falta de meritocracia que permiten estos nombramientos.
La solución es clara: aplicar las leyes correctamente, reformar las que se prestan para abusos y acabar con el juega vivo que sigue drenando los impuestos de los panameños.
