Este es un gobierno de incompetentes y chambones que, a punta de improvisaciones, acabó con la paz social de este país. Pero en minería, estamos así por este gobierno y por los cinco anteriores.
La historia empieza con el Toro, que aprobó la concesión administrativa de Cerro Quema y el contrato ley de Petaquilla. Concedió exoneraciones, tierra y agua sin la licitación que exigía la norma. Ahora él critica el contrato y se justifica diciendo que en 1997 no se sabía que había cobre… cuando el mapa de yacimientos metálicos del PNUD existe desde 1970. Como Rómulo Roux, que anda guardadito porque fue uno de los redactores de ese contrato.
El Estado podía cancelar esas concesiones porque era obligatorio que la empresa tuviera inversiones andando durante el siguiente gobierno, y como el precio de los metales estaba por el piso, no habían invertido. Pero Mireya Moscoso no las canceló. Richard Fifer era el gobernador en Coclé.
Luego Martín Torrijos, además de mantener las concesiones (seguían sin hacer la inversión obligatoria), aprobó que la concesión de Petaquilla se partiera en Petaquilla Gold, que Fifer explotó, y Petaquilla Copper, que luego compró la canadiense Inmet. Y aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Gold.
Con Martinelli llegó el caos. Hubo cuatro eventos clave. Uno, la ley chorizo (que dejó muertos, heridos, ciegos y lisiados), donde quisieron cambiar leyes mineras y laborales, y eliminar el plan de cierre de las minas y los estudios de impacto ambiental para obras de interés del Estado. Dos, modificó el Código Minero para permitir a gobiernos extranjeros invertir en minería, y así Corea del Sur compró acciones de la mina. Tres, se aprobó el estudio de impacto ambiental de la mina, que sigue vigente pese a que todas las leyes ambientales cambiaron.
A todo esto, en campaña él decía no a la minería. ¿Estrategia para tumbar el precio de las acciones y luego impulsarlo? Recordemos el caso Financial Pacific, donde especularon con acciones de Petaquilla. ¿O no quedó preso Ignacio Fábrega por eso?
Y cuatro. Inmet le vendió la concesión a First Quantum, que sabía -porque lo incluyó en su informe financiero-, que las demandas de inconstitucionalidad sobre el proyecto eran un riesgo.
Y es que había dos. Una de 1998 de Juan Ramón Sevillano y otra de Ciam, de 2010. ¿Y qué hicieron los magistrados? Se sentaron sobre ellas por décadas. Son tan culpables como los gobiernos de lo que hoy vivimos. Incluyendo a Graciela Dixon, que ahora habla, pero cuando presidió la Corte no hizo ni siquiera un llamado de atención al respecto. Como tampoco lo hicieron Arturo Hoyos, Mirtza Aguilar, Adán Arjona, César Pereira, José Troyano, Harley Mitchell padre ni Aníbal Salas.
El fallo se dio en diciembre de 2017. Unánimemente, con Jerónimo Mejía de ponente. 19 años después de presentada la primera y 7 después de la segunda. Pero… el fallo se conoció 10 meses después. Y aquí entra Varela en el baile. Los fallos de la Corte son inapelables, pero medio mundo, el MICI incluido, metió recursos. Y el pacto entre Varela y la Corte era aguantar el fallo hasta resolver esos recursos para no dejar a la minera sin piso jurídico.
El caso lo heredó María Eugenia López en este gobierno, y en junio de 2021 también lo declaró inconstitucional. Otra vez unánime. Pero cuando fueron a publicar ese fallo, se percataron de que nunca publicaron el primero… así que publicaron un día uno y al día siguiente el otro. Burdos.
Aparte, el gobierno Varela renovó el contrato de First Quantum el 30 de diciembre de 2016. Un gol. El mismo contrato de 1997. Sin consulta, estudios ambientales ni auditorías. Y con las demandas por fallarse.
Varela tampoco canceló la concesión de Cerro Quema, proyecto del que, por cierto, fue consultor el hoy ministro de Ambiente. Se le venció el término, y nada.
Ahora, Nito. Hizo el pacto del bicentenario y prometió que todo lo que saliera de ahí sería vinculante. El país fue claro: no a la minería. Aun así, renegociaron el contrato y lo subieron a Ágora, la misma plataforma en la que la gente pidió no a la minería. No se podía imprimir ni copiar el texto.
En agosto de 2023 la Asamblea recibió la nueva versión del contrato. Hubo represiones para los que se oponían y sala VIP para los que lo apoyaban, pero hubo algo de consulta. Y al final, los diputados devolvieron el contrato al Ejecutivo. Para los contratos ley, la Constitución solo permite aprobar o rechazar, no devolver.
El gobierno lo retiró el 10 de octubre. El 11 el gabinete aprobó un nuevo contrato. El contralor lo refrendó al toque y el 16 de octubre volvió a la Asamblea. Y entonces, ocurrió la magia: el 17 lo prohijaron, el 18 le dieron primer debate, el 19 le dieron segundo debate, y el 20 le dieron tercer debate, Cortizo firmó y salió en Gaceta.
Ahí empezó el fin de la paz social, una crisis a la que el gobierno le sigue echando leña con sus decisiones. Pero estamos aquí por los demás gobiernos también. Prohibido olvidar.
