Lo de la Corte es un escándalo de los más graves… envenenado con más escándalos. Uno más injustificable que el otro.
Contexto rápido: el viernes 8 de agosto, la Corte dejó un regalito de fin de semana en la Gaceta Oficial: el Acuerdo N.º 407. Aprobado el 18 de julio de 2024. Guardado bajo llave un año entero. Lo publican ahora, sin conferencia, sin explicación… y sin vergüenza.
Ocho de nueve magistrados firmaron el acuerdo: María Eugenia López, Olmedo Arrocha, Ariadne García, María Cristina Chen, Miriam Yadira Cheng, Maribel Cornejo, Carlos Vásquez y Cecilio Cedalise. Con nombre y apellido para que no se olvide. La novena, Ángela Russo, no lo firmó y no se sabe si es que no estaba presente o qué, pero tampoco ha salido a aclararlo.
Se inventaron un “fondo de compensación” que les garantiza jubilarse con el 100 % de su último salario. De por vida. Aunque se retiren antes de la edad legal. Aunque renuncien. Aunque hayan sido magistrados tres días. Es un derecho adquirido.
Esa cifra excede todos los topes de jubilaciones especiales vigentes en Panamá y, comparada con la de sus pares en Iberoamérica, es la más alta.
No dejaron por fuera de la vuelta a sus subalternos: magistrados de Tribunales Superiores, 60 % de su último salario. Jueces de circuito, 50 %. Jueces municipales, 40 %.
¿Cómo se paga? El Seguro cubre lo que manda la ley y el resto lo pone el Judicial. O sea, nosotros. Beneficiará inicialmente a 133 jueces y magistrados —26 % del personal judicial en edad de retiro— con un costo estimado de 0,26 % del presupuesto judicial. Y encima dicen que no es gran cosa. En un país sin agua, hospitales sin insumos y calles destrozadas, eso es un insulto.
En enero, además, se subieron el sueldo a 14 mil dólares mensuales. Esa hoy es la base para su pensión de oro.
Es abiertamente inconstitucional. Y viola el artículo 19, que prohíbe fueros y privilegios. También se vuelan el artículo 163 y el 302, que establecen que las jubilaciones de los funcionarios serán determinadas por ley. Con, incluye el 303, fundamento en estudios actuariales y proporciones presupuestarias razonables. Todo mal.
La Ley 38 de 2000 exige publicar todo acto administrativo para aplicarlo. ¿Por qué lo escondieron un año? Porque, con las protestas, los hubieran linchado. Entonces lo publican ahora.
¿Demandarlo? Claro. ¿Pero ante quién? Ante la propia Corte. Si se declaran impedidos, entran los suplentes… que también se benefician de la vuelta. El contralor dice que lo demandará. Ya veremos —si lo hace— cómo funciona la justicia… cuando la revisa el mismo que se dio el beneficio. Jueces y partes.
El artículo 163 de la Constitución le prohíbe a la Asamblea reconocer, a cargo del Tesoro jubilaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes. Y esto de las jubilaciones de los magistrados no es una ley sino un acuerdo de sala. O sea que, si quieren y se atreven, podrían rechazar el presupuesto. Otro reto para los diputados.
La presidenta de la Corte, por cierto, se apareció en la Asamblea… no dio explicaciones. Hasta respeto pidió. ¿Qué tal? Y el Colegio de Abogados tuvo hasta toma de posesión el lunes, y ni una palabra. Y hasta le dieron una medalla a la presidenta de la Corte. Todos son visionarios… con sus bolsillos. Como litigan en la Corte... todo menos incomodar a los que pueden ayudarlos a mover sus casos.
Y el efecto cascada ya empezó: los magistrados del Tribunal Electoral ganan 14 mil. Pronto vendrán los del Tribunal de Cuentas… que en teoría tienen las mismas prerrogativas. y luego vendrán los procuradores, contralores, ministros, diputados… y así nos vamos.
La propia Corte determinó en 1995 la inconstitucionalidad de las jubilaciones especiales. Esto amerita un frente ciudadano. De verdad. Porque nos están robando. Y sin presión, se van a salir con la suya.
El costo no es 0,26 % del presupuesto. El costo es la institucionalidad. Si quieren salvar algo de reputación, tendrán que retroceder. Ya son unos sinvergüenzas. Pero hagan algo aunque sea para quedar como menos sinvergüenzas.
