Independientemente del fallo de la Corte que ya conocimos, hay una cosa que deberíamos tener prohibido olvidar. Bueno, varias. Los conflictos de intereses del gobierno en la negociación y los cambios de posición entre los candidatos presidenciales, por ejemplo… pero me quiero referir a uno en especial, y es la ausencia de quienes pudieron resolver esta crisis y prefirieron esconderse mientras otros, dizque luchando por todos y arropándose con una bandera patriótica anti minería (que era lo que sea menos eso), se apoderaban del país tomándose a los ciudadanos como rehenes.
Es que, aparte de la crisis provocada por un contrato que derramó el vaso de la indignación ciudadana, seguimos afrontando (más allá del fallo) un problema serio de democracia representativa. ¿Por qué? Porque los que podían resolver esto, o mejor dicho, a los que elegimos para que nos representaran, no tienen representatividad, porque no llegan a sus cargos por su estructura política ni su presencia real, sino por clientelismo. Entonces ni siquiera tienen conexión con sus electores. Y como no la tienen y fueron en parte causantes de la crisis, prefirieron esconderse.
Las autoridades no cumplieron con su rol. ¿Dónde estuvo, por ejemplo, el viceministerio de Asuntos Indígenas? Desde 2013 tenemos una entidad con presupuesto, personal y mandato legal exactamente para este tipo de situaciones. Para -y cito su misión- “auspiciar la coordinación integral con las instituciones cuyo trabajo incide en la problemática indígena”. Eso no ocurrió.
Por otro lado estuvieron los diputados, que de espaldas al pueblo (y muchos sin leerlo siquiera) aprobaron un contrato sin legitimidad social, y no intentaron llevar al orden a los que ellos representan. Ni siquiera para escucharlos y que confiaran lo suficientemente en ellos como para que mediaran. La Constitución dice que los diputados representan a sus partidos y a sus electores. Su rol era ser interlocutores políticos, escuchar al pueblo para hablarle al Ejecutivo, ver dónde estaban los nudos que impedían la comunicación entre el pueblo dividido.
La Asamblea, por cierto, tiene una comisión de asuntos indígenas. Estuvo nula. Una de Comercio, nula. La de Credenciales, que ve derechos humanos, nula. Es que no aparecieron, del todo, ni individualmente ni en grupo. Y la de Salud, nada tampoco por los que no estaban pudiendo llegar a sus citas. La de Trabajo, nada por la micro y pequeña empresa. Y la de Educación, con las escuelas cerradas, tampoco. No salió un solo interlocutor ahí. La Asamblea sería importante si hiciera su trabajo.
Lo mismo aplica para los alcaldes y representantes. Aquí no hubo liderazgo… ni nacional ni local. Los alcaldes, según el artículo 44 del Régimen Municipal, son los jefes de policía de sus distritos y pueden aplicar medidas de orden público o reabrir las vías. Pero no. Ahí estuvo la policía, protegiendo a los manifestantes. Escoltándolos. Desviando conductores de las calles que tenían que abrir. Además, los alcaldes sostienen sus municipios a punta de impuestos. ¿Qué impuestos iban a recaudar con todo cerrado? Tampoco hubo reuniones con los representantes, los consejos municipales, para saber qué pasaba en cada área.
Los gobernadores, autoridades máximas de las provincias, también brillaron por su ausencia. Ellos son los representantes del Ejecutivo. Los elige el presidente para que lo representen. Y además de abrir balotas, deben coordinar e inspeccionar la labor de las autoridades. Y tampoco.
El Consejo Provincial, que es el órgano de consulta del gobernador y las autoridades provinciales y nacionales, tampoco cumplió con su rol de “requerir informes de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales”. Y la Defensoría acompañó las protestas, sí, pero la ley les permitía mediar... y nada tampoco.
Y Cortizo… 35 días y nunca anunció las medidas para devolver al país a la paz social, aun teniendo entre sus funciones “velar por la conservación del orden público”. Tampoco destituyó a nadie, otra de sus facultades. Ni siquiera al ministro de Comercio, que negoció el contrato, ni al de Ambiente, que defiende a la mina. Es como si hubieran renunciado a ser gobierno. Con la diferencia de que no le entregaron el poder a un sucesor, sino a delincuentes que con anarquía nos secuestraron por 35 días.
Y los voceros oficiales, pocos salieron y ninguno dijo que el gobierno cometió los errores que nos llevaron donde llegamos. Solo uno, Publio de Gracia, dijo que pudieron haberse equivocado. Pudieron… El resto o salía contradiciendo a otro vocero o salía desmintiendo comunicados oficiales. Hay un desastre adentro, y no solo en comunicación.
Más allá, esta era la oportunidad de oro (no de cobre) para que los opositores llenaran ese espacio que a los otros les quedó grande. Pero tampoco hubo liderazgo ahí para mediar. Ni tampoco en el sector privado y la sociedad civil organizada.
Independientemente del fallo, este episodio de nuestra historia demostró que el sistema está en crisis. ¿Quién llenó estos vacíos, que se sumaron además a una avalancha de información? Pues los que quieren llegar al poder a como dé lugar porque en las urnas no pueden. Estuvimos frente a frente con la tormenta perfecta. A ver si esto nos enseña a elegir mejor.
