De la administración pública surgen problemas de carácter estructural que pueden ser solucionados de forma técnica mediante la gestión eficiente de recursos como resultado de marcos institucionales claros, política pública eficiente y el uso de tecnología para ampliar los espacios de transparencia gubernamental y fiscalización ciudadana. El mejor ejemplo de esto es el blockchain, que hoy en día está en pleno proceso de creación de nuevos paradigmas sobre cómo hacer gobierno.
Otros derivan de la naturaleza moral y ética de las leyes e instituciones y cómo estas afectan a la sociedad en su conjunto, especialmente el tejido social que rodea al individuo y la estructura de incentivos que poseemos como país.
Sin embargo, cuando los servidores públicos se niegan a ejercer de forma deliberada sus funciones, ya esto no es un error humano. Hay que empezar a denunciar las cosas por su nombre, y en este caso podemos ubicar las actuaciones de la Asamblea Nacional dentro del marco de la negligencia. Se entiende como “la omisión, descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza, exige y supone”. Sin duda, la mejor definición de la cultura política panameña.
Evaden ser auditados, votan en función de sus intereses personales y ya ni siquiera escuchan a las bases de sus partidos, y ni mencionar al circuito que los eligió al momento de tomar decisiones. Operan como un cartel que funciona paralelamente al Estado y a los panameños.
Hoy nos vemos sometidos a un aumento del 8% en la tarifa eléctrica, que sin duda se verá reflejado en el costo de la vida y la canasta básica, pero no a causa de los vaivenes de una economía global, sino por la omisión de la Asamblea en hacer su principal función: legislar.
Las malas decisiones de hace casi 10 años y la falta de fiscalización ciudadana trae en la actualidad como consecuencia que los consumidores, como siempre, sigamos pagando el derroche y el estilo de vida de servidores públicos que simplemente se niegan a hacer su trabajo.
Estas omisiones ejercen violencia desde el poder gubernamental hacia todos los ciudadanos, especialmente en las capas más vulnerables de la sociedad. Ellos son los que ponen los muertos, sufren de falta de salud básica, tienen que mantener a adolescentes embarazadas, experimentan las carencias de la educación estatal, entre cientos de vejaciones que sufren diariamente que limitan su dignidad y desarrollo humano.
“Todo es legal”, es la respuesta de cada uno de los diputados ante el cuestionamiento público. Ante este argumento siempre debemos recordar que los mayores crímenes de la humanidad se han cometido bajo la apariencia de la legalidad.
“Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto a la ley, dos desgracias tan grandes una como la otra y entre las cuales es difícil elegir”, denunciaba Frederic Bastiat en 1850, ante una Francia que emula a la perfección la degeneración que sufre hoy en Panamá el primer órgano del Estado.
Por ello, desde la ciudadanía tenemos que exigir sin desistir porque las cosas cambien o simplemente ganan ellos y perdemos nosotros, no existe otra opción.
¡Despierta Panamá!
El autor es miembro de la Fundación Libertad